Un nuevo dolor de cabeza para la industria minera, y en especial para las canadienses Goldcorp y New Gold, desarrolladoras del proyecto de oro y cobre El Morro, se generó ayer, tras una resolución de la Corte Suprema que quitó la autorización ambiental a la iniciativa de cerca de US$ 4.000 millones, ubicada en la cordillera de Los Andes, en la Región de Atacama.
Los problemas con el proyecto se iniciaron tras un reclamo de 15 comunidades diaguitas -representadas por el abogado Lorenzo Soto-, que acusaron que la Consulta Indígena se realizó sólo con la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos (CADH).
Por lo anterior, los jueces de la Tercera Sala del máximo tribunal determinaron revocar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), convirtiendo a la iniciativa en la primera del sector minero en perder su autorización por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En su fallo, el tribunal dejó sin efecto informes de 2013 de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), en los que se manifestaba su conformidad frente al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto y su respectiva autorización ambiental. Asimismo, resolvió que la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama solicitara a la Conadi nuevos informes frente al proceso de consulta, para determinar si se debe o no realizar un nuevo proceso.
Fuentes cercanas a la compañía comentaron que el fallo los tomó por sorpresa, ya que en los últimos veredictos frente a casos de proyectos relacionados con temas ambientales y comunidades, se había decidido remitir los antecedentes al Tribunal Ambiental. Asimismo, indicaron que la resolución sólo se manifestaba frente a los informes de la Conadi, sin referirse al proceso de Consulta Indígena en sí mismo realizado por la minera.
La iniciativa en 2012 había tenido un traspié por este motivo, cuando la Corte Suprema revocó su autorización ambiental por no efectuar la Consulta Indígena. Con ello, obligó a la firma a cumplir con el requerimiento.
Lorenzo Soto explicó que con el fallo, el proceso que atravesaba la iniciativa en el Comité de Ministros, relativo a recursos en contra de la RCA, quedó inválido, y señaló que la empresa no puede recurrir al Tribunal Ambiental, ya que la Corte Suprema puso punto final. También indicó que en caso de que la firma quiera continuar con la iniciativa, deberá volver a emprender un nuevo proceso de tramitación ambiental.
En tanto, el presidente de Sonami, Alberto Salas, dijo ayer respetar "la decisión de la justicia, pero lamentamos la paralización de las obras de este proyecto, que va en directo beneficio de la comunidad y del país".
Abogados ambientalistas criticaron el veredicto, explicando que éste no cumple con lo que se busca a través de la nueva institucionalidad ambiental.
