El lunes, el proyecto de reforma tributaria comenzará su análisis en la Comisión de Hacienda del Senado, y el empresariado afina el detalle de lo que será su presentación ante la instancia, lo que podría concretarse también la próxima semana. 

Comparado con el negativo saldo que dejó en el sector privado el trámite en la Cámara Baja -donde criticaron a la autoridad por la excesiva celeridad en el debate, acusando haber dispuesto de 15 minutos para entregar su opinión-, esta vez las expectativas son distintas.

Es que la alta tensión de los primeros días ha ido quedando atrás. El martes, el comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), encabezado por Andrés Santa Cruz, se reunió con el ministro Alberto Arenas, en una cita calificada como positiva por ambas partes, tras la cual el jefe de las finanzas públicas expresó su disposición a profundizar el diálogo y estudiar nuevos incentivos a la inversión y el ahorro en el texto legal.

Más aún, hoy la directiva de la Sofofa llegará hasta Teatinos 120 para discutir sobre el proyecto y en los próximos días harían lo propio las demás ramas de la CPC. Desde la industria señalan que estas propuestas están en línea con lo que el gremio ha analizado con Hacienda en conversaciones que se extienden hace más de un mes.

"Estamos escuchando a distintos actores y es claro que vamos a avanzar en el Senado con distintos perfeccionamientos y precisiones en el proyecto", reiteró ayer Arenas.

PROPUESTAS

Los planteamientos que hará la CPC ante el Senado tendrán como base el trabajo encargado hace casi seis meses al equipo de expertos tributarios liderado por el ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII) Ricardo Escobar. El grupo, integrado además por los abogados Carlos Boada, Soledad Recabarren y Juan Manuel Baraona, ya tiene prácticamente listo su informe.

Desde un inicio, la principal preocupación del sector privado ha girado en torno al impacto que tendría en la inversión el paso desde una tributación sobre utilidades retiradas a devengadas -incorporando el concepto de rentas atribuibles-, y la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT). Se trata del corazón del proyecto, que incluye, además, un alza del impuesto de primera categoría de 20% a 25%, con el que el gobierno espera recaudar cerca del 40% de los US$ 8.200 millones que aportaría, en régimen, la reforma.

De acuerdo a fuentes cercanas al informe, éste aborda, principalmente, tres alternativas a dicha propuesta: desintegrar el sistema separando la tributación de empresas y personas, fijar un FUT diferenciado según tamaño de empresa y mantener el FUT cobrando un interés a sus saldos. Resta por definir si la CPC optará o no por una alternativa, o si apostará por una combinación de ellas.

La desintegración apunta a que las empresas paguen un impuesto único -primera categoría- y que, de forma independiente, sus dueños y accionistas se afecten con un gravamen sobre los dividendos que retiran. Este último podría tener una tasa fija -como sucede en países como EE.UU. o  Perú- o una escala progresiva, dependiendo del monto retirado. Esta propuesta es similar a la planteada por Manuel Marfán, ex consejero del Banco Central.

Actualmente, el impuesto de primera categoría, hoy de 20%, opera como crédito del impuesto global complementario (de 0% a 40%) que pagan los socios por sus utilidades retiradas.

La propuesta significaría eliminar el FUT -que es un registro del crédito imputable por impuesto de primera categoría y de las ganancias pendientes por tributación-, pero sin pasar al sistema de rentas atribuidas que propone el gobierno. Este esquema -que busca que los socios tributen por las rentas que se les atribuyan en virtud de todas sus participaciones societarias (ver infografía), independientemente de si recibieron esos dividendos o no- genera inquietud en la Nueva Mayoría, por sus implicancias constitucionales. De hecho, parlamentarios de la UDI ya anunciaron una presentación al Tribunal Constitucional (TC) en caso de ser aprobada. La segunda opción plantea mantener el FUT exclusivamente para firmas de menor tamaño (pymes) y eliminarlo, aplicando atribución de rentas e impuesto sobre base devengada sólo a grandes empresas. De acuerdo al SII, entran en esta categoría aquellas con ventas superiores a 100.000 UF anuales.

Finalmente, una tercera opción plantea mantener el actual funcionamiento del FUT, pero aumentar la fiscalización de su uso, cerrando espacios de elusión y cobrando un interés por los saldos acumulados. Se trata de una alternativa similar a la propuesta por el ex ministro de Hacienda y candidato presidencial Andrés Velasco.