Tras conocerse la acusación de la Fiscalía Nacional Económica contra seis empresas navieras que se habrían coludido y pactado cuotas de mercado en el transporte de vehículos hacia Chile, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, afirmó que "estos hechos, de ser efectivos, son graves y condenables, en cuanto atentan contra la ley, la transparencia y la ética".
Agregó que la "libre competencia debe ser respetada sin excepciones, pues garantiza a las personas el acceso en igualdad de condiciones a los distintos productos y servicios, logrando maximizar el bienestar de los consumidores y de la sociedad en general".
Asimismo enfatizó la "importancia de que las empresas que detecten faltas contra la libre competencia cometidas por su propia organización, utilicen los mecanismos legales vigentes para poner los antecedentes en manos de la autoridad competente, de modo que se investigue y se apliquen las sanciones en caso que corresponda".
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a las chilenas Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) y Compañía Chilena de Navegación Interoceánica (CCNI); a la coreana Eukor Car Carriers Inc. (Eukor); y a las japonesas Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line), Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (MOL) y Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) por haberse coludido en múltiples procesos de contratación de transporte marítimo de automóviles realizados por los fabricantes o consignatarios de distintas marcas desde el año 2000, para su comercialización en el mercado nacional.
Según sostiene la FNE el objetivo del acuerdo era que las navieras mantuvieran en el tiempo los servicios de transporte por vía marítima de los automóviles a Chile, con un fabricante o concesionario determinado, aun cuando éstos hubiesen realizado procesos de contratación para buscar nuevos oferentes de estos servicios con mejores condiciones comerciales. Así, el cartel permitió que las navieras se respetaran entre sí las cuentas que poseían originalmente.
Por estas conductas, la FNE pidió al TDLC multas totales cercanas a los US$75 millones (90 mil Unidades Tributarias Anuales, UTA) para las navieras. La mayor sanción solicitada fue para Eukor y corresponde a 30 mil UTA (unos US$25 millones). Para CCNI, K-Line y MOL, se pidió 15 mil UTA para cada una (cerca de US$12,5), más el pago de las costas.
La FNE pidió eximir de multas a CSAV, porque esta firma cumplió con los requisitos establecidos en el procedimiento de delación compensada. Respecto de NYK, la segunda naviera en delatarse ante la Fiscalía y en colaborar activamente durante la investigación, se solicitó una multa equivalente a 50% del mayor monto solicitado al Tribunal, según lo dispone el DL 211. No se solicitó el pago de costas a CSAV ni a NYK.
