No sólo la región austral atraviesa hoy una situación ambiental compleja. Desde hace algunas décadas el norte grande ha sido afectado por una crisis ambiental silenciosa, de aquellas que no se escuchan mucho en Santiago. Me refiero a la crisis de contaminación por metales pesados en Arica, en particular plomo y arsénico.
La presencia de plomo y arsénico en dicha ciudad data desde al menos mediados de los 80. En aquellos años, una inescrupulosa empresa nacional decidió “importar” más de 20 mil toneladas de desechos tóxicos mineros con altas concentraciones de metales pesados desde Suecia. El objetivo era extraer plata y oro, pero fue rápidamente descartado por temas de rentabilidad. El material tóxico fue depositado en terrenos del Ministerio de Bienes Nacionales, conocidos como el Sitio F. El posterior desarrollo de la ciudad impulsó la creación de viviendas sociales, algunas a menos de 200 metros del depósito. Las consecuencias para la salud de la población no se dejaron esperar. Se han reportado malformaciones, abortos espontáneos, ciertos tipos de cáncer y problemas cognitivos, entre otras manifestaciones clínicas.
En un artículo recientemente publicado en la revista americana “Journal of the Association of the Environmental and Resource Economists”, junto con Sergio Urzúa y Loreto Reyes, nos centramos en otros efectos de la exposición a dichos desechos. En particular, estimamos el impacto de la exposición a metales pesados en el rendimiento escolar y en el mercado laboral. Los efectos encontrados son alarmantes. Los niños y jóvenes expuestos exhiben un menor rendimiento educacional (medidos por la prueba Simce y PSU) y, peor aún, sus salarios pueden verse reducidos en hasta un 18% una vez en el mercado laboral. En el artículo, que además ha sido recientemente galardonado como el mejor artículo académico publicado durante el 2015 por la asociación que da nombre a la revista, discutimos los alcances de la exposición y otros efectos encontrados en la literatura internacional, tales como problemas de comportamiento e incluso actividades criminales.
El daño a las generaciones de ariqueños expuestos a la contaminación está lejos de ser reparado y -si bien ellos no cortaron caminos ni desabastecieron la ciudad- demandaron al Servicio de Salud de Arica por no adoptar las medidas necesarias para resguardar la salud de las personas en forma oportuna y eficiente. Después de un litigio largo y extenuante, 356 personas fueron indemnizadas y en los últimos años se han materializado relocalizaciones de familias a zonas no contaminadas después de la promulgación de la ley de Polimetales en 2012.
Aún falta mucho para resarcir a los ariqueños (plomo y arsénico siguen presentes en otros puntos de la ciudad) y casos como este, más o menos publicitados, no sólo deben ser abordados por la autoridad con prestancia, sino que deben llamarnos a una reflexión sobre el modelo de desarrollo que queremos impulsar. El desafío es grande y la premura insoslayable.
