Dos años se apronta a cumplir Cristián Arnolds como presidente de Empresas Banmédica, el mayor holding de salud del país, con presencia, además, en Colombia y Perú. En Chile, la compañía -controlada por los grupos Penta y Fernández León- es propietaria de las clínicas Santa María, Dávila, Vespucio, Ciudad del Mar y Biobío, de las isapres Banmédica y Vida Tres, de la red de atención ambulatoria Vidaintegra y de la empresa de rescate médico Help, entre otros negocios.
Salvo sus intervenciones públicas realizadas en el marco de las juntas de accionistas, en todo este tiempo Arnolds mantuvo un bajo perfil. Hasta ahora, en que decidió conceder su primera entrevista. Él explica por qué: "En este contexto de industria, con el tema de Masvida, nosotros, que somos un actor relevante, queremos disponibilizarnos para la búsqueda de soluciones", plantea.
Menos interés en opinar tiene respecto del impacto que en la compañía pudo tener el caso Penta, donde sus dueños, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, están acusados de delitos tributarios y cohecho. Esta semana, la fiscalía anunció que solicitará 10 años de cárcel para los empresarios. "Esto es un problema personal de ellos, al que no me gustaría referirme", sostiene y, al ser consultado, descarta de plano algún efecto económico en el holding. "No hemos visto ninguna consecuencia ni en temas de financiamiento ni con nuestros clientes", asegura Arnolds.
Se debe, explica el ejecutivo, a que "aquí trabajan 20 mil personas y eso tiene fuerza en sí mismo. Somos líderes en todos los negocios en que participamos, en todos los pJíses en que estamos, y eso, en el fondo, habla muy bien de las personas que trabajamos acá".
Una de ellas es Alfredo Moreno, vicepresidente del holding y próximo presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). "Es un gran aporte en el directorio y me alegro mucho de que haya aceptado ese desafío", destaca Arnolds, antes de entrar de lleno al tema que le preocupa.
¿Qué es lo más relevante de la crisis que hoy enfrenta Masvida?
Estoy convencido de que esto es un síntoma de un problema más profundo, que ha sido permanentemente postergado, pero que urge abordar: el costo de la salud es cada vez mayor y no se puede seguir pidiéndole al sistema privado que no incorpore ese factor. No es verdad que las isapres sean ineficientes. El aumento real de salud es de un 8% por sobre el IPC. Entonces, resulta absurdo pretender que podemos congelar los precios en forma indefinida. Esta discusión debe hacerse sin eslóganes ni frases vacías. Ahora, más que calificar la situación particular de un actor relevante, el foco de interés para la industria deben ser sus beneficiarios. Hay miles de personas que confiaron en una isapre y que hoy viven un momento de incertidumbre importante. No nos podemos dar el lujo de que se instale la sensación de que por situaciones ajenas a su voluntad se perciba como escenario la vuelta al sistema público.
¿Estuvo bien la autoridad en establecer el "corralito"?
Fue una medida de emergencia, pero obviamente está causando problemas a todas las personas que no pueden ejercer su opción de cambiarse de asegurador. Lo que nos preocupa, de verdad, es la confianza de las personas en el sistema. Ellos confiaron en el sector privado y debemos responder a esa confianza y resguardarla.
¿Participarían de una posible licitación de cartera?
Quiero dejar algo bien en claro. Nosotros no estamos viendo la situación de Masvida como una oportunidad de negocio. Como compañía líder en salud creemos que tenemos una responsabilidad con las personas que confían en el sistema en el cual nosotros participamos. Por lo mismo, estamos disponibles para contribuir en soluciones.
¿De qué tipo?
Estamos convencidos de que los afiliados de Masvida no pueden terminar en el sistema público, porque esas personas confiaron en el sistema privado de salud, confiaron en las isapres. Ahí estamos disponibles para trabajar con el gobierno en cualquier solución que sea razonable.
¿Eso significaría ofrecer planes especiales a esos afiliados?
Lo importante es reiterar que estamos disponibles para buscar una solución. Somos un actor relevante -aunque no el único- y nuestra posición -no sé lo que piense el resto de la industria- es que debiéramos explorar fórmulas que despejen los elementos de incertidumbre en los beneficiarios en situaciones de este tipo.
¿Qué no debiera faltar en esa fórmula?
Esta solución tiene que ser algo bien pensado, que no afecte los derechos de propiedad de las empresas, que no imponga cosas que son inconstitucionales. Soluciones mal pensadas, rápidas, de emergencia, obviamente, nosotros no las vamos a apoyar.
¿Qué sería una solución razonable?
Es justamente lo que proponemos analizar con todos los actores del sistema.
¿Se lo han planteado al gobierno?
No. Asumimos que ellos probablemente están estudiando alguna fórmula, pero aún no lo hemos conversado.
¿Qué opciones existen?
El interventor tiene distintos niveles de decisión. Uno es tratar de salvar la compañía de arriba y que alguien inyecte liquidez para permitir que la isapre siga funcionando, en cuyo caso no pasa nada, se mantienen los planes. La segunda opción es hacer una cesión de los afiliados de Masvida a otras isapres. Es justamente el interventor quien tiene hoy la labor de buscar la mejor alternativa.
¿Pero estarían dispuestos a hacer una oferta en caso de que la licitación prospere?
Lo relevante es que la situación sea resuelta favorablemente para sus beneficiarios, y que no sea este tipo de temas los que primen. El foco debe estar puesto en cómo fortalecemos el sistema, y que cada día más chilenos puedan acceder a él.
¿La principal preocupación de ustedes es que nadie se vea obligado a irse al sector público, una vez que eligió estar en el sistema privado?
Exacto.
¿La autoridad está velando por eso?
Sin comentarios.
¿Actuó tarde?
Sin comentarios.
El caso de Masvida, más allá de un tema de precios, ¿es un problema de gestión?
Puede ser una mezcla de muchos factores, pero a mí no me corresponde opinar sobre eso.
Algunos dicen que la Fefi (Ficha Económica y Financiera de la Isapre) es una mala representación financiera, versus las Fecus de las empresas sujetas a la normativa de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). ¿Qué opina?
Efectivamente, hay criterios que son diferentes y que no debieran serlo. A nosotros se nos genera un problema, porque, como somos una compañía abierta, reportamos de acuerdo a las normas que nos exige la SVS y también de acuerdo a las normas que nos exige la Superintendencia de Salud. Lo único que hemos pedido es que se pongan de acuerdo en un solo criterio, para que no sea confuso y sean comparables. Esa solicitud la hemos hecho formalmente y no hemos tenido respuesta.
¿Cuál de los dos criterios refleja mejor el estado de las compañías?
Nosotros creemos que el criterio de la SVS.
Confianza y reforma
¿El caso Masvida ha mermado la confianza en el sistema privado?
Medir la confianza en el sistema no está en sólo escuchar algunas voces que opinan sobre él, con opiniones diversas y algunas un poco incendiarias. No hay una crisis, porque la gente consistentemente prefiere afiliarse a una isapre y no estar en Fonasa. Eso demuestra que hay confianza en el sistema, y para que siga existiendo esa confianza, lo de Masvida debe solucionarse de manera satisfactoria para los afiliados.
¿Hay, entonces, un tema ideológico en la discusión?
Sin duda, y el fondo de esa discusión ideológica es quién lo puede hacer mejor, si el Estado o los privados. Los resultados están a la vista. Mi convencimiento es que el sector privado es completamente insustituible en su rol como asegurador de la salud de los más de tres millones de personas afiliadas, que son testigos de los altos estándares de calidad que tiene. Por supuesto, hay cosas que se deben mejorar.
¿Y hay voluntad de los privados para introducir cambios?
Por supuesto, participamos en la comisión presidencial para reformar el sistema.
¿Pero hay una voluntad real? Porque uno puede sentarse a una mesa sólo porque es políticamente correcto hacerlo.
La disposición es real y estamos disponibles para aportar y colaborar.
¿Ha faltado proactividad del sector privado para impulsar cambios?
Yo pienso que sí, si hay que hacer una autocrítica sería esa.
La reforma del gobierno se encuentra frenada hace tres años. ¿Le hace daño al sistema?
Es perjudicial, porque lo deja entrampado en pretender, casi como por decreto o por un acto más bien voluntarista, que los precios de las isapres no pueden subir y eso es irreal. Los precios no se pueden congelar, porque la gente vive más, se enferma más y los tratamientos, con una tecnología que avanza cada día, son más caros también. Esa realidad no se puede desconocer.
Las isapres cuando adecuan precios lo hacen de acuerdo a lo que establece la ley, y es tanto así que cada adecuación de precios está aprobada por la Superintendencia de Salud. Entonces, yo hago un proceso de adecuación, me lo aprueba la Superintendencia de Salud, después los afiliados en forma individual recurren a los tribunales y las cortes dicen: 'Señor, no le pueden subir el plan'. Una cuestión completamente ilógica. No tiene sentido y en algún minuto hará colapsar el sistema.
¿Cómo se debe abordar la judicialización?
Hay que buscar una solución a la excesiva judicialización. Creemos que es importante hacer un llamado a la sensatez del sistema judicial, porque resulta que aquí el sistema judicial se está transformando en una especie de seudorregulador de precios.
¿A qué se debe que los tribunales les den la razón a los afiliados?
Se ha generado un ambiente país de que es inaceptable que las isapres suban el precio de los planes más allá del IPC. Eso es desconocer una realidad mundial que no es ajena a ningún sistema, ni público ni privado. Los cambios demográficos, tecnológicos y de otros múltiples factores obligan a que exista una flexibilidad suficiente para que se haga cargo de ellos.
¿Cuánto más resiste el sistema si no se pone freno a la judicialización?
Eso depende de cada empresa y de qué tan eficiente pueda ser. En Banmédica no hemos adecuado los precios de los planes bases en los últimos dos años y hemos suplido ese no aumento por el lado de ganancias en eficiencia. Pero eso tiene un límite. Yo no lo puedo hacer por los próximos 10 años, imposible.
¿Está en crisis el sistema o es una exageración?
Es una exageración. Aquí hay un problema puntual y que tiene múltiples explicaciones, y que obviamente no es extrapolable al resto de la industria. Nuestras isapres -Banmédica y VidaTres- están funcionando perfectamente bien, son sanas financieramente, empresas sólidas y no tienen ningún tipo de problemas financieros. Entonces, yo no diría que esta es una crisis generalizada del sector, pero sí que es una luz de aviso para hacerse cargo de los problemas de fondo que hay que resolver.
¿Qué medidas son necesarias?
El tema de la movilidad sería positivo de abordar. Nosotros hicimos una propuesta al regulador en un esquema de autorregulación, sin ley, con algún tipo de fondo de compensación interisapres y no prosperó.
¿Y eliminar la declaración de salud?
No puedes hacer sólo eso, porque ciertas isapres podrían tener problemas de solvencia; lo que se tiene que hacer es generar algún mecanismo de compensación que permita que la gente se mueva, pero al que le toquen todas las personas que tienen un muy alto costo no tenga que absorber todo ese costo, porque puede ser inviable.
Alguna vez se planteó un plan único con distintas categorías de prestadores, donde la competencia vendría no por los planes, sino por la red de prestadores que se ofrezcan. ¿Comparte esa idea?
Es una buena idea que exista un plan base y que no discrimine precios, y ahí se puede avanzar mucho en la no discriminación por edad o por género, me parece razonable. Ese plan básico ya existe, el GES, que no cubre cualquier cosa ni en cualquier prestador ni a cualquier costo, pero es cobertura base. Y no discrimina ni por sexo ni por edad, es una tarifa plana. Funciona y la gente hace cada vez más uso de él. Por qué no usamos como base lo que tenemos hoy. Es importante tener en cuenta que en cualquier reforma que se haga no se desmantele un sistema que funciona. Sí hay que mejorar.
¿Tienen alguna expectativa de que en lo que resta de gobierno se vaya a introducir alguna modificación al sistema?
Yo pienso que ya no hay tiempo, quedaría para un próximo gobierno.
