La presidenta argentina, Cristina  Fernández, defendió hoy su decisión de usar reservas para el pago de deuda externa, acción resistida por el presidente del Banco Central, Martín Redrado, cuya situación comenzó a ser analizada por la justicia.

La decisión del gobierno es resistida también por la oposición política y parlamentaria, que encontró en el vicepresidente y presidente del Senado, Julio Cobos, un conducto para intentar la reapertura del Congreso nacional en receso estival.

En una situación de virtual empate técnico -con Redrado abroquelado en el Banco Central y el gobierno intentando desbloquear los fondos- la presidenta denunció que existe una "maniobra clara, contundente y evidente con ayuda de algunos sectores judiciales" de obstruir su gobierno.

Fernández también afirmó que la decisión de la jueza María Sarmiento de Buenos Aires de reponer a Redrado al frente del Banco Central es una "decisión que más que jurídica es política".

La mandataria -durante un acto público en la Casa Rosada-  también cuestionó el intento de Cobos de reabrir el Congreso Nacional, porque "el funcionamiento de (sesiones) extraordinarias sólo pueden ser convocadas por el Poder Ejecutivo".

Cobos se reunió hoy con los presidentes de los bloques parlamentarios, excepto el oficialismo, que desautorizó su convocatoria, para analizar el conflicto y convocar a una sesión especial.

El vicepresidente, convertido en principal opositor al  gobierno, replicó a las críticas que "mi accionar ha estado orientado a brindar el respaldo institucional" que requiere la decisión presidencial y criticó las declaraciones "altisonantes y agraviantes" que, sin mencionarla, apuntaron a Cristina  Fernández.

La senadora nacional Hilda "Chiche" de Duhalde, peronista disidente, acudió a la reunión convocada por Cobos pero minimizó el enfrentamiento, al afirmar que "no existe crisis institucional" en el país.

El bloque del oficialismo que desautorizó a Cobos, al mismo tiempo confirmó que acudirá el miércoles a la sesión de la comisión parlamentaria bicameral que debe analizar la validez del decreto de necesidad y urgencia de Fernández disponiendo del uso de las reservas.

Sin embargo, en esa comisión está integrada por ocho senadores oficialistas y ocho opositores, paridad que ha impedido hasta ahora elegir un presidente.

IMPULSO A LA PRODUCCION
Cristina Fernández subrayó hoy que sus políticas económicas están focalizadas en desendeudar a la Argentina e impulsar la producción.

"Cuando se trata de pelear por los intereses de todos los argentinos, tengan la certeza que no aflojamos ni abajo del agua", aseguró la mandataria.

La jueza María Sarmiento que repuso a Redrado, decidió hoy convertir en una causa ordinaria los amparos presentados por la oposición para evitar que se utilicen las reservas para pagar la deuda.

La oposición de derecha que acudió a la justicia no cuestiona la decisión de pagar la deuda, sino la metodología del decreto de necesidad y urgencia.

Simultáneamente, partidos de izquierda se movilizaron hoy al Congreso para cuestionar el pago de una deuda que consideran  "fraudulenta e ilegítima".

El diputado nacional de centro izquierda Martín Sabbatella, ubicado en una posición intermedia, sostuvo que "estamos de acuerdo con utilizar las reservas si libera fondos para la deuda interna".

Sabbatella acompañó en general la decisión del gobierno, pero pidió que el Congreso "discute cuáles son las prioridades y como se utilizan los recursos del presupuesto que se liberarían con el uso de las reservas".

El legislador fustigó a los exponentes de la derecha  argentina que "se oponen a utilizar las reservas y quieren usar los fondos del presupuesto para pagar la deuda, sacándole recursos a la inversión social y productiva".

Al mismo tiempo, otro juez argentino, Norberto Oyarbide, aceptó hoy abrir un expediente ante la acusación del gobierno a Redrado de "mal desempeño de sus funciones", para intentar removerlo del cargo por decreto.

La remoción de Redrado igualmente podría demorar a causa de los amparos presentados por sus abogados ante la jueza Sarmiento y en definitiva convertirse en una cuestión en la que deberá resolver la Corte Suprema.