La Presidenta argentina, Cristina  Fernández de Kirchner, decretó desclasificar de seguridad la documentación y las informaciones relacionadas con el accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar que detentó el poder entre 1976 y 1983.

El decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial, fue firmado por la Presidenta, Cristina Fernández, y los ministros de Justicia y Seguridad, Julio Alak y de Defensa, Nilda Garré, respectivamente.

La medida determina la apertura de "toda aquella información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas" entre 1976 y 1983, salvo la relativa al "conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal".

El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, destacó la importancia del decreto, y explicó que el material desclasificado era, en su casi totalidad, de conocimiento del Archivo Nacional de la Memoria, que tiene acceso a la documentación del Ministerio de Defensa, pero que no podía ser hecho público sin un decreto específico en cada caso.

"Esta medida agiliza en primer lugar, la remisión de la información solicitada por el Poder Judicial", dijo Duhalde.

Asimismo, agregó Duhalde, el decreto "ratifica la voluntad del Gobierno Nacional de continuar colocando a disposición de la sociedad toda la información obrante en poder del Estado que no fue destruida o sustraída al fin de la dictadura, sobre las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por los agentes estatales en ese período".

El decreto, que lleva el número 4/2010, responde a solicitudes del Juzgado Federal número 1, en relación a una causa sobre el campo de detención clandestina llamado "La Cacha", de La Plata.

La medida también se vincula con la reapertura de varias causas por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, posibilitada por la anulación de las leyes de impunidad (Obediencia Debida y Punto Final) durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007).

La reapertura de causas requiere "una gran cantidad de información y documentación relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas", precisó el decreto.

Actualmente están en curso, entre otros, los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en los centros de desaparición y exterminio llamados Atlético, Banco y Olimpo (ABO).