La presidenta argentina, Cristina  Kirchner, acusó este miércoles a las terminales automotrices de retener stock y  boicotear políticas de incentivos a la compra de vehículos nuevos mientras  suspenden trabajadores, al sugerir que se trata de una maniobra en espera de  que se produzca una devaluación.

"Por un lado suspenden gente y por otro se ponen a boicotear", dijo la  mandataria en un acto público en la Casa Rosada, en el que acusó a  las automotrices de "esconder los autos". 

Según datos del sector, la producción de automóviles cayó en agosto un  34,5% en relación al mismo mes del año pasado y también cayó un 18% la  exportación. 

Kirchner sugirió que se trata de una maniobra especulativa en espera de una  devaluación de la moneda, como lo ocurrida a comienzos del año cuando el peso  perdió 18% de su valor en relación al dólar, la mayor caída ocurrida en un sólo  mes desde 2002.

"No sé si esperan un cambio en el valor del dólar o de los precios, o  esperan que se caiga el plan, pero les tengo malas noticias: vamos a prorrogar  el plan Procreauto para que los argentinos puedan seguir comprando autos", dijo  al anunciar que extenderá el plan oficial que financia a bajas tasas la  adquisición de automóviles nuevos para reactivar un sector de peso en el  mercado laboral.

La mandataria consideró que "el sector boicotea políticas públicas  destinadas a terminar con las suspensiones y a que los argentinos tengan autos  0 KM". 

Kirchner anunció que convocará a una reunión a representantes "de las once  terminales automotrices" que operan en el país para analizar la situación.

La industria automotriz ha sido un motor del crecimiento económico  argentino desde 2003, pero sufre derrumbes de producción y ventas que ha  traducido en suspensiones de personal, en muchos casos acordadas con los  sindicatos.

Según datos oficiales, la producción industrial en su conjunto retrocedió  2,8% entre enero y julio de 2014 respecto al mismo período de 2013. 

La economía argentina manifiesta síntomas de recesión, con caída del poder  adquisitivo del salario por efecto de una inflación que se proyecta al 30%  anual y la incertidumbre financiera en medio de la batalla legal con fondos  especulativos por bonos impagos de la deuda.