El panorama judicial de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner alcanzó un nuevo hito hoy cuando el juez federal Claudio Bonadio ordenó abrir un juicio oral contra la ex mandataria y otros funcionarios en la llamada causa del "dólar futuro". De esta forma Cristina K enfrentará por primera vez en su vida un juicio en carácter de imputada, en los momentos que intenta mantenerse como una líder opositora de cara a las elecciones de octubre próximo.

Este caso, el primero en los que está involucrada la ex Presidenta y que llega a juicio, tiene su origen en la decisión de los últimos meses del gobierno kirchnerista de vender dólares a futuro a un precio menor al mercado cuando se sabía que, independiente de quién fuera, el Ejecutivo que llegara a la Casa Rosada pondría fin a las restricciones para la compra y venta de dólares, lo que provocaría un aumento del valor de la divisa.

En esos meses el precio del dólar "blue" o paralelo se estaba disparando por lo que la autoridades de entonces decidieron frenar la escala del dólar vendiendo "dólar futuro" a 10,6 pesos argentinos a pagar a seis meses. Así, como se esperaba, no hubo negocio para el Estado argentino: se tuvo que pagar el dólar a 15 pesos, es decir, 40% más del estimado, lo que representó un perjuicio económico para el fisco de 54.000 millones de pesos argentinos (unos US$ 3.400 millones, al cambio actual).

Ese pago se llevó a cabo cuando Mauricio Macri ya era Presidente. Precisamente el caso surge de una denuncia presentada por dirigentes de la actual coalición oficialista Cambiemos e impulsada por el ahora ex ministro de Hacienda macrista Alfonso Prat-Gay. La defensa de Cristina K sostiene que el gobierno anterior no podía saber qué iba a pasar con el dólar después que entregaran el poder y apuntan a Macri como el verdadero responsable, por su decisión de devaluar.

Junto con Cristina Fernández también están acusados por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros ex funcionarios.

En su resolución, Bonadio destacó como factible la sospecha de que Fernández y su ministro de Economía "pergeñaron la maniobra y dieron las instrucciones para que fuera implementada" y que "los miembros del directorio del Banco Central activaron los resortes necesarios para comenzar su ejecución, acelerando la venta de contratos de futuros de dólar a valores inferiores que los de mercado".

La ex Presidenta que ha tenido un duro enfrentamiento con Bonadio y que ha calificado a esta causa de "persecución política", pidió ir "lo antes posible" a juicio oral, petición que, según el juez, se hizo de manera "improcedente y extemporánea".

Aunque la ex mandataria no corre el riesgo de ir a la cárcel por esta causa, una condena podría convertirse en una lápida para su carrera política. La pena máxima por "defraudación contra la administración pública" es de seis años, pero ante un acusado sin antecedentes penales no cabe la prisión. De cualquier forma, son otros los casos que preocupan a la ex mandataria, como los de presunta corrupción y enriquecimiento.