Con algunas resistencias dentro del oficialismo, el gobierno argentino habría emprendido nuevamente la tarea de conseguir la despenalización del consumo de drogas. Lo que diferencia a esta iniciativa de los fracasos anteriores (en 2009 y 2012) es que el proyecto, desde su estado de embrión, ya cuenta con el respaldo de la Presidenta Cristina Fernández, según informó ayer el diario porteño La Nación.

La mandataria ya habría dado la luz verde para comenzar a trabajar en la propuesta, que espera ser discutida en el Congreso de Buenos Aires antes de fin de año.

Según La Nación, la propuesta, que busca flexibilizar la estricta legislación actual, viene desde los círculos más íntimos del kirchnerismo, liderados por el padre Juan Carlos Molina, titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar). De acuerdo con el periódico, hubo cierta reticencia dentro de las voces más conservadoras que pudieron escuchar la propuesta del cura en un evento privado en la Casa Rosada. Molina plantea la necesidad de no "criminalizar" a los adictos a través de una modificación de la ley actual, la que pena con prisión cualquier tenencia de estupefacientes.

Pero lograr una despenalización del consumo de drogas es una idea que se ha venido gestando desde hace varios años en el kirchnerismo. El primer intento lo hizo Néstor Kirchner, en el último tramo de su gestión. En abril de 2007, su entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, presentó una serie de medidas en reacción a datos oficiales que mostraban un alza en las cifras del narcotráfico en el país.

Recién en 2009, ya en el mandato de Cristina Fernández, se presentaron los resultados de un diagnóstico que apuntaba a ser plasmado en un proyecto de ley, pero la iniciativa fue sepultada bajo otras preocupaciones que el país tenía en ese momento, como las elecciones, los problemas económicos y los debates legislativos en torno a la ley de medios y la reforma al sistema electoral y los partidos políticos.

Luego, en agosto de ese mismo año, la Corte Suprema dictó el fallo Arriola, que declaró como inconstitucional castigar a los adultos que portaran y consumieran marihuana si no ponían en peligro a terceros. Pero el texto de la ley nunca fue modificado, lo que conllevó a que se generaran distintas lecturas.

Aníbal Fernández esperó hasta 2012 para reabrir el debate. Entonces, en su calidad de senador, reinstaló el proyecto que proponía modificar la ley de estupefacientes, y que contemplaba, entre otras cosas, una despenalización de la tenencia de drogas. El proyecto llegó incluso a ser discutido en un plenario de comisiones, pero fracasó por falta de interés dentro del mismo oficialismo, según señala La Nación.

Ahora, el panorama es distinto y son varios los miembros del gabinete a favor del debate. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, desde una mirada más radical, cree que el Estado debe "regular la cadena de producción y la comercialización de todas las drogas", afirma el diario.

La Sedronar, junto a técnicos y legisladores, trabaja en el texto, donde Molina señala que el eje central es que el Estado persiga a los narcotraficantes y no a los consumidores, pero señalan que el borrador no tiene nada que ver con el modelo de Uruguay.