En su primera aparición pública como imputada, la Presidenta argentina Cristina Fernández encabezó la tarde de ayer la inauguración del anfiteatro Paseo del Bosque en la localidad santacruceña de El Calafate. Desde allí pronunció un breve discurso en el que no mencionó su imputación ni sobre la marcha nacional de este miércoles, a un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman. "Nosotros estamos tercamente empecinados en brindar alegría", dijo.

Las palabras de Cristina K suceden un día después de que el fiscal Gerardo Pollicita la imputara, continuando con la investigación que dejó a medio camino su colega Alberto Nisman, hallado muerto el 18 de enero en su departamento por un disparo en la cabeza. Sólo cuatro días antes de su muerte, Nisman había acusado a la Presidenta y a su canciller, Héctor Timerman, por encubrir a los iraníes sospechosos de haber planeado el peor atentado terrorista de Argentina, contra la Asociación Mutual Israelita (Amia), en 1994.

Eso sí, las primeras palabras de Cristina K como imputada fueron publicadas ayer en su cuenta de Facebook: "¿Saben qué? El odio, el agravio, la infamia, la calumnia se los dejamos a ellos", escribió en referencia a la oposición de su país, que ha coincidido en la gravedad de este hecho.

El disputado de la Unión Civil Radical (UCR), Julio Cobos, recordó que otro de los problemas que enfrenta el kirchnerismo son las varias acusaciones que recaen sobre el vicepresidente Amado Boudou. "No es normal tener un país con un vicepresidente procesado y una Presidenta con un pedido de imputación", recalcó Cobos. En el mismo plano se ubicó el jefe del bloque de diputados del Frente Renovador, Darío Giustozzi, para quien las causas que pesan sobre Fernández y Boudou son "graves" y "marcan un ciclo político con un desenlace devastador", según señaló Giustozzi al mismo diario argentino. Por su parte la legisladora socialista Alicia Ciciliani tomó otro enfoque y dijo que "está bien que cualquier ciudadano, por más cargo que tenga, esté obligado a rendir cuentas". Y agregó que con esto la Presidenta Fernández "tendrá la oportunidad de demostrar ante la justicia que es inocente".

Sin embargo, hasta ahora la mandataria no ha sido llamada a declarar. Para eso el fiscal tendría que citar a Fernández a una indagatoria con pruebas suficientes bajo el brazo que justifiquen que existe un verdadero estado de sospecha sobre la mandataria. La jefa de Estado sólo ha sido imputada, lo que significa que existen elementos suficientes como para impulsar una investigación.

Por ahora el oficialismo espera que la investigación que pesa sobre la mandataria sea descartada por falta de pruebas. El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, al ser consultado por radio Diez, descartó un posible arresto de la jefa de Estado. "Primero hay que llamarla a la indagatoria, y no hay elementos para llamarla a la indagatoria", dijo Aníbal Fernández.