La presidenta argentina Cristina Kirchner desestimó la noche del martes propiciar una reforma de la Constitución que podría permitirle ser reelegida en 2015, una iniciativa que reclama el oficialismo y rechaza la oposición.
"No voy a proponer una reforma de la Constitución", afirmó la mandataria ante miles de partidarios al cerrar el Congreso para la Democratización de la Justicia, organizado por una universidad estatal en un estadio de la periferia oeste.
La Constitución habilita una sola reelección presidencial, lograda por Kirchner en 2011 con el 54% de los votos.
Los partidos opositores al gubernamental Frente para la Victoria (peronistas y aliados) sostienen que detrás de una eventual modificación de la Carta Magna se esconde un intento por eternizarse en el poder.
Kirchner, de 60 años, recordó que acaba de lograr que el Congreso, donde tiene mayoría, apruebe un paquete de leyes de reforma del Poder Judicial, con el argumento de que debe ser democratizado.
La oposición intentó frenar la reforma judicial tras denunciar que responde a una maniobra de la mandataria para controlar a los jueces y suprimir su independencia.
"¿Cómo se puede estar en contra de que los miembros del órgano político de la Justicia, el Consejo de la Magistratura, sean elegidos por voto popular?", inquirió Kirchner ante la multitud, al referirse al objetivo de una de las leyes.
Doce de los 19 integrantes del Consejo, que elige y remueve jueces, serán elegidos en las urnas en las próximas elecciones legislativas de renovación de la mitad de los diputados y un tercio de los senadores, el 27 de octubre.
"¿Cómo puede alguien decir que está mal que voten 40 millones de argentinos para elegir a los consejeros y que, por el contrario, deberían seguir siendo elegidos por abogados y funcionarios judiciales?", continuó su argumento.
La reforma judicial también restringió las medidas cautelares, recurso destinado a prevenir derechos y que utilizó el poderoso multimedios Clarín desde 2009 para evitar una cláusula antimonopólica de la ley audiovisual que lo obligaba a desprenderse de radios y señales de TV.
El caso del enfrentamiento del gobierno con Clarín por la cláusula es ahora analizado por la Corte Suprema, sin plazo para expedirse sobre si es o no constitucional limitar la tenencia de empresas audiovisuales.