Tras su entrada en vigencia en 2003, el Plan Regulador Metropolitano, que abarca 10 comunas de la Región del Biobío, será modificado. Los cambios apuntan, fundamentalmente, al reconocimiento de aspectos identitarios, a la protección de sistemas y recursos naturales, y a la gestión de obras en la ciudad. Sin embargo, algunas modificaciones son cuestionadas por dirigentes sociales, quienes afirman que las políticas de expansión y las medidas de seguridad ante catástrofes no están bien contempladas.
En concreto, los ámbitos que aborda la iniciativa se centran en definir y entregar normas sobre la infraestructura y las actividades productivas de impacto intercomunal, relacionadas con el desarrollo urbanístico.
Según explicó Jaime Arévalo, seremi de Vivienda y Urbanismo, la idea es establecer las diferentes categorías de parques y de áreas verdes de nivel intercomunal y mejorar la conectividad entre provincias. "De igual forma, se incorporan aspectos de la estrategia regional de desarrollo y la evaluación ambiental estratégica. Pero también hemos puesto mucha energía y creatividad en poder salvaguardar y proyectar en el tiempo los aspectos naturales que hoy tiene el Gran Concepción y que son importantes para preservar el desarrollo de la región", afirmó la autoridad.
Ante esto, Javier Sandoval, dirigente de la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo), sostuvo que "no es posible que un plan regulador que después del 2003, es decir desde hace casi 15 años, ha sufrido inundaciones, un terremoto (27/F), un tsunami y crisis de incendios forestales, sólo tenga modificaciones. Ni tampoco que no considere a la participación ciudadana, para que los vecinos puedan hacer sus propuestas frente a estas eventualidades".
Gustavo Sotomayor, dirigente del Comité Techo y Vida Digna, de Fenapo, agregó que "se vuelve a privilegiar a las inmobiliarias y se produce segregación y daño a los espacios naturales".
Frente a las críticas, el seremi Arévalo indicó que independiente de la actualización del plan intercomunal, también se analizan los instrumentos que poseen las comunas del Biobío, "a fin de tener capacidad de respuesta ante eventuales catástrofes naturales".
Una vez que las comunas analicen las modificaciones del Plan Regulador Intercomunal, el estudio ingresará al sistema de evaluación de impacto ambiental y será revisado por el gobierno regional, para estar publicado antes de que termine 2017.