Como "una fogata de corazón abierto" fue calificada la sesión de ayer del Consejo de Rectores (Cruch) por algunos de los participantes. La jornada - según explican- se enmarcó en una diálogo franco, donde se pusieron sobre la mesa temas sensibles: la discusión sobre el rol público y estatal, y el resultado de las comisiones de trabajo que definirá la propuesta que entregarán al gobierno sobre un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior.
Una de las materias fue respecto de la gratuidad y de cómo debiera abordarse este cambio en el sistema. En ese punto las propuestas discutidas apunta a que el arancel referencial -que es el valor que el Mineduc calcula actualmente para financiar becas y créditos de acuerdo con cada programa académico- se incremente en un 15% para acercarse así a lo que realmente cuestan las carreras y al monto que debieran recibir los planteles por parte del Estado para financiar la gratuidad.
Hay universidades donde la diferencia entre lo que cuesta una carrera y el cálculo que hace el ministerio llega hasta un 30%, por lo que un incremento del 15% no les alcanzaría para cubrir los gastos como es el caso de la U. de Magallanes, según indicó el rector Juan Oyarzo. En otras como la U. de la Frontera las diferencias son de un 8% o un 9%. "Estaría dentro de la propuesta, pero es muy preliminar y será analizada en los próximos meses", señaló el rector de la Ufro, Sergio Bravo.
También se habló sobre los beneficios que tendría partir la gratuidad con pilotos en algunos planteles para ir corrigiendo posibles errores en su implementación. Por ejemplo, la U. de Tarapacá ya se ofreció para eso, porque según ellos no tienen deudas y si el gobierno les inyectara recursos, podrían implementarla sin problemas.
Otra de las propuestas es avanzar hacia la gratuidad implementando medidas como que el Estado suplementara los costos de las matrículas de los alumnos de los tres primeros quintiles. "En gran parte de las universidades del Cruch quienes provienen de esos sectores lo único que cancelan es el arancel de inscripción, porque tienen becas estatales y de las instituciones", según el vicepresidente de la Red de Universidades Públicas No Estatales (G9) y rector de la U. Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui. Esto costaría, según Elórtegui, unos US$ 60 millones.
Las comisiones también propusieron que todas las universidades se sometan a un sistema único de admisión, que sea transparente, pero que también obligue a todas las instituciones a cumplir con las mismas normas.
Además, en materia de calidad discutieron respecto de si corresponde que todas las agencias que acreditan carreras pasen de ser privadas a públicas.
ESTATALES Y G9
Las autoridades de universidades estatales y de las tradicionales privadas (G9) discutieron abiertamente sobre el tema que los ha dividido en el ultimo año: qué es lo público y el trato que deben recibir por parte del Estado.
"No hemos podido aún reflexionar con la suficiente profundidad cuáles son los alcances de estas diferencias, porque tal vez las hemos hecho más públicas que internas", señaló el rector de la U. de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades Estatales de Chile (Cuech), Aldo Valle.
Hace un mes el vicepresidente del Cruch y rector de la U. de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, señaló que no había aún instancias de acercamiento entre las partes. Según indicó Valle, en esta oportunidad la discusión fue en la línea "de ponernos de acuerdo".
Elórtegui, planteó que "fue un diálogo positivo porque se pudieron expresar los puntos de vista de ambos grupos de universidades en forma franca".
