Con la presencia del vicepresidente del Consejo de Rectores (Cruch), Aldo Valle, y del presidente de los planteles no estatales del Cruch (G9), Claudio Elórtegui, comenzó hoy la discusión en particular de la reforma a la educación superior.
En la sesión, Valle, quien también es rector de la U. de Valparaíso, enfatizó que las regulaciones para el lucro no son suficientes, ya que sólo consideran presidio menor en su grado mínimo, pena que puede cumplirse en libertad y pagando una multa. "La sanción del actual proyecto es insuficiente. Debe ser una pena efectiva. Como está no resulta idónea para que la amenaza penal cumpla su fin", dijo el rector, quien agregó que "se está hablando de una sanción para el hurto de fondos de los planteles que variaría entre $ 20.000 y $ 100.000. Eso es una desvalorización del ordenamiento jurídico".
En ese sentido, el vicepresidente del Cruch señaló que la reforma debe considerar el lucro en la educación superior como un delito de acción pública, es decir, un delito por el cual cualquier ciudadano pueda presentar una denuncia y querellarse. Esto se diferencia de la realidad actual, donde el SII concentra esa facultad.
Además, Valle criticó el plazo que se establece para que las universidades se acrediten en el área de investigación. Esto, porque actualmente la reforma señala que hasta 2040 no se exigirá estar certificado en el área de creación de conocimiento. "Esperar a 2040 para exigir acreditación en todas las áreas, incluyendo la investigación, es exagerado. Nuestra propuesta es que el plazo sea 2030", dijo Valle.
El rector de la U. de Valparaíso aseguró que no se entiende que el Estado quiera tener un subgrupo de planteles que no hagan investigación, "cuando en el sistema ya existen instituciones técnicas que cumplen esa función".
Ese punto causó diferencias con las universidades no estatales del Cruch. "Hasta en los mejores sistemas de educación del mundo consideran la existencia de instituciones fundamentalmente docentes", dijo Elórtegui, quien subrayó que no les parece sensato exigir el área de indagación a todas las universidades.
Un punto de crítica en que coinciden Elórtegui y Valle es que la organización que exige el proyecto, en el marco de las regulaciones al lucro, causaría problemas en las tres universidades laicas no estatales del Cruch. Esto, porque la reforma exige que los integrantes de los directorios de los planteles sean personas naturales o jurídicas sin fines de lucro. Por eso, piden que no se aplique esto para los tres planteles privados laicos del Cruch. "Eso es absurdo en el caso de la U. Austral, U. de Concepción y U. Federico Santa María, porque los miembros de sus juntas no tienen derechos patrimoniales y, por ende, nunca han lucrado", enfatizó Elórtegui.
Respecto de la crítica de los rectores por las regulaciones en torno a la conformación de los directorios de los planteles, la subsecretaria Valentina Quiroga señaló que "es difícil establecer regulaciones distintas para sujetos que son iguales ante la ley".
