La cara de impresión de Emma Stone cuando se enteró que la película que protagonizó, La La Land, no había ganado el Oscar como mejor película a pesar de haber sido anunciada, quedará para la historia. Pero no será la única integrante de ese elenco en ser recordada. El error, tal como ellos mismos lo asumieron, fue de la gigante mundial de auditoría, PricewaterhouseCoopers (PwC) al equivocarse Brian Cullinan y Martha Ruiz en entregar los sobres con el nombre del premiado. El escándalo escaló tanto que ayer la firma contrató guardaespaldas para los ejecutivos por supuestas amenazas recibidas. Pero no es la primera vez que una auditora está en el ojo del huracán por un error, a veces de ellos, a veces de sus clientes.
En Chile, basta recordar casos como La Polar y cascadas, donde las auditoras han estado involucradas y han sido multadas por la SVS por falta de diligencia y por no cumplir su deber de "escepticismo profesional", al recibir la información que auditan. Pero más reciente, el supuesto fraude cometido por Mauricio Peña en Aurus, o las falencias contables en Clínica Las Condes y el grupo Empresas Masvida, también ha puesto en el tapete a estas firmas.
En cada uno de esos casos, las firmas se han defendido con el rayado de cancha que tienen: la ley las obliga a que auditen los estados de resultados de las empresas con "un grado razonable de confiabilidad" y no absoluto, es decir, si un grupo de gerentes se coluden para engañar o estafar, y ese mismo grupo de ejecutivos es el que entrega la información, poco pueden hacer. Para ello, cada vez que una auditora termina su informe, obliga a la alta gerencia a firmar una "carta de representación", donde da cuenta que la información entregada es fidedigna y responsabilidad de ellos.
"Por un tema de tiempo y costo no se puede reprocesar toda la información que se entrega, pero sí se trabaja con muestras para corroborar", dice José Monsalve, presidente de la Asociación de Auditores Externos de Chile, organismo que reúne a 13 firmas que concentran el 90% del negocio en el país.
El segundo mensaje que enfatizan para defenderse es que son auditores contables, no fiscalizadores. "Nosotros, a diferencia de un regulador, no podemos oficiar a bancos u organismos para que nos respondan y nos debemos a que el cliente entregue información certera", recalca Renzo Corona, socio de PwC Chile. "No podemos revisar correos, ni cuentas bancarias. No somos policías", dice otro socio de auditora.
En el país, según registros del regulador, hay 78 inscritas como empresas de auditoría externa. Aunque los datos no son públicos, se estima que el 50% de sus ingresos provienen de la auditoría externa, y el resto de consultorías tributarias, de due diligence o auditorías forense. El valor de una auditoría externa puede ir desde los US$ 6.000 a los US$ 2,4 millones.
¿Hay conflicto de interés de auditar a un cliente y además ayudarlo a comprar una empresa? "Hay una regulación estricta. Ninguna auditora puede recibir, del total de sus ingresos, más del 15% de una misma empresa y la SVS está siempre encima", recalca Monsalve. Recuerda que, aunque han habido multas por falta de diligencia, no se ha descubierto dolo de parte de una auditora en caso de fraude. "Si hay una estructura para defraudar, y ni el fiscalizador público lo identificó, ese papel no le queda a una auditora", dice un abogado de la industria.
Por último, en el sector repiten que su actividad es auditar contabilidad y ver si se ajusta a los parámetros internacionales de contabilidad. No son, recalcan, policías. "En todo caso, los casos de errores o fraudes donde se culpa a las auditoras son excepciones dentro de las miles de revisiones anuales que se hacen bien", dice Monsalve.
