Más de tres mil pruebas entre fotos, planos y videos, además de 50 testigos, 30 peritos y nueve meses de audiencias. Esos fueron los elementos que usó el Ministerio Público en el juicio más largo de la Reforma Procesal Penal: la acusación contra ocho gendarmes por su presunta responsabilidad en la muerte de 81 reos en el incendio de la cárcel de San Miguel, ocurrido el 8 de diciembre de 2010.
Si bien la Fiscalía Sur perdió el juicio y los gendarmes fueron absueltos, en este largo proceso el ente persecutor desembolsó $ 115 millones para intentar probar su teoría ante los tribunales (ver infografía). Ese gasto total se dividió en sueldos de fiscales (más de $ 106,2 millones), traslado a testigos (más de $ 2,7 millones) y otros costos asociados a comisiones de servicios, reuniones en el Idiem -centro de Ingeniería de la U. de Chile- y alegatos en la Corte Suprema ($ 6,7 millones).
A través de un requerimiento presentado por La Tercera, mediante Ley de Transparencia, la Fiscalía Nacional hizo un recuento de la cantidad de dinero que gastó el Ministerio Público en las 10 causas más largas desde la reforma. En total, suman más de 68 meses de duración y $ 830 millones en gastos, entre sueldos, traslados de testigos, peritajes y otros gastos asociados a las causas.
Entre ellos, está el caso de ADN Nutricomp, donde tres ex ejecutivos de la empresa B. Braun Medical fueron condenados en 2012 a cuatro años de libertad vigilada por delito contra la salud pública. Esto, por comercializar cerca de 270 mil unidades defectuosas de un suplemento alimenticio con errores en su fórmula de elaboración.
El juicio costó a la Fiscalía Occidente $ 108,1 millones durante sus ochos meses de duración. La mayor cantidad de dinero se destinó a sueldos de persecutores ($ 89,1 millones), seguido por $ 13,1 millones para peritajes, $ 5,7 en otros gastos y sólo $ 129 mil en traslado a testigos.
En el caso bombas -donde absolvieron a todos los acusados por los delitos de colocación de artefactos explosivos y financiamiento terrorista- la Fiscalía Sur gastó $ 92,5 millones. Según la información entregada por el Ministerio Público, para esta causa no gastaron en peritajes ni en traslado de testigos.
El proceso más costoso fue el de Alto Río, que ascendió a $ 240,7 millones, dado que se realizaron dos juicios. Ahí se condenó a tres ex ejecutivos de la empresa constructora del edificio, por su responsabilidad en la muerte de ocho personas y lesiones graves de otras siete, después del desplome de la estructura durante el 27/F.
Consultado por el impacto que tiene para la fiscalía este gasto en casos que no ganaron, el director ejecutivo de la Fiscalía Nacional, Jorge Abbott, dijo que "la fiscalía tiene la obligación constitucional de ejercer la acción penal pública (...). Así las cosas, nuestra obligación es de medios y no de resultados".
Agregó que "de otra forma, el conflicto penal terminaría resolviéndose en sede administrativa, por razones de carácter puramente económico, lo que violenta de manera absoluta un sistema acusatorio".
La defensora nacional (S), Viviana Castel, dijo que en los juicios de larga duración a la defensoría "se produce un impacto de carácter del recurso humano, ya que hay un abogado defensor concentrado en un juicio oral y otros deben atender los casos que aquel defensor deja". Así ocurrió, por ejemplo, con el caso de la Cárcel de San Miguel. Castel indicó que estos juicios "nos obligan a reorganizarnos con los mismos recursos". Por eso, realizan un estudio de proyección anual para saber cuántos juicios de larga duración podrían tener y así planificarse.
