Cuba dejará emerger una nueva clase de pequeños empresarios, pero los recibiría con una carga fiscal de 35% que podría inhibir la iniciativa privada en un país donde hasta hoy la mayoría jamás ha pagado impuestos.

La política fiscal esbozada en un documento del gobernante Partido Comunista, al que Reuters tuvo acceso, determinaría en gran medida el éxito del plan del presidente Raúl Castro de eliminar 500.000 empleos públicos en apenas seis meses y transferirlos al sector privado.

"Se estima una carga fiscal entre un 30% y un 35% con respecto a los ingresos brutos que generan esos trabajadores, así como una utilidad entre el 20% y 25% con relación a dichos ingresos", dijo el texto titulado "Información sobre el reordenamiento de la fuerza de trabajo".

La introducción de impuestos es un desafío para Castro, que busca resucitar la economía sin desviar a Cuba del socialismo. La recaudación tributaria será fundamental, por ejemplo, para seguir financiando servicios emblemáticos como la salud y la educación gratuitas.

Según el documento, el Gobierno cubano espera aumentar más de un 400% la recaudación fiscal en el aún diminuto sector privado, que el año pasado aportó apenas un 1% de los ingresos tributarios.

Pero economistas advirtieron que una excesiva carga fiscal podría asfixiar a los futuros empresarios. "Un peso fiscal de 35% en un país tan pobre como Cuba es muy mal uso de recursos", dijo Ian Vasquez, del Cato Institute en Washington.

"Si la meta es estimular la economía privada para que haya crecimiento y aumentar los ingresos, los impuestos tienen que bajar y ser simplificados", añadió.

José Azel, un experto de Institute for Cuban and Cuban American Studies en la Universidad de Miami, cree que impuestos elevados pueden, además, disparar la evasión fiscal y mantener a muchos emprendedores sumergidos en la economía informal. "No creo que ninguna cifra por arriba del 25% tenga sentido. Si los impuestos son muy altos, matan la iniciativa", dijo.

MAS LIBERTADES E IMPUESTOS
Según el documento del Partido Comunista, los 250.000 nuevos empresarios privados tendrán más libertad de acción que los protagonistas de un limitado experimento realizado en la década de 1990 en respuesta a la crisis pos soviética.

A cambio deberán pagar impuestos sobre los ingresos y las ventas, además de un aporte a la seguridad social.

El texto propone un impuesto a la renta de entre un 10% y 40% sobre los ingresos, según la actividad.

Los más gravados serían los productores de alimentos y transportistas, con un 40% de sus ingresos. Les siguen artesanos y constructores con un 30%; servicios personales y artísticos con un 25%; alquileres de apartamentos con un 20%; y una categoría de "otras actividades" con 10%.

Los aportes a la seguridad social serán del 25% de los ingresos para todo el mundo, dice el documento.

El texto del Partido Comunista no dice cuál será el impuesto sobre las ventas, pero en el caso de los recién autorizados vendedores de frutas y verduras es del 5%.

Quienes subcontraten mano de obra, otra novedad respecto a los años 1990, deberán cubrir los impuestos a la renta de sus trabajadores.