El segundo vicepresidente del Perú, Omar Chehade, investigado por tráfico de influencias en el Congreso y la Fiscalía, dijo hoy en entrevista televisada que no ha renunciado porque es "inocente", con lo que sembró más dudas sobre su situación.

"Un error político no puede convertirse en un circo mediático. Esto va a pasar y nos vamos a reivindicar, no porque hayamos cometido un delito. Si ha habido un error ha sido por falta de experiencia", dijo el además parlamentario en el canal Frecuencia Latina.

Chehade le envió una carta al presidente Ollanta Humala en la que se aparta temporalmente de la segunda vicepresidencia, donde no tiene ninguna función, salvo por coyunturas. Sin embargo, eso no implica la renuncia que pide, según encuestas, la mayoría de la opinión pública.

El vicepresidente, inmerso en un escándalo desde que se denunciara que trató de influir para que la Policía hiciera un desalojo irregular en beneficio de un poderoso conglomerado económico, dijo que dejará que se abra su secreto bancario y de comunicaciones y le pidió confianza a Humala.

"(Chehade) no pertenece al Ejecutivo. Por lo tanto nosotros no tenemos ninguna relación con él en estos momentos", dijo el fin de semana Humala, una frase que según analistas y opositores es "poco clara", pues valida la carta como una dimisión.

"En vez de aclarar, (Humala) ha llevado a mayor confusión. Decir que Chehade ya dio un paso al costado es aceptar la carta que no tiene ningún valor jurídico", señaló el politólogo Fernando Tuesta.

Entretanto, el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, dijo que el Ejecutivo evalúa retirarle la seguridad personal y el automóvil oficial a Chehade, al no ejercer como vicepresidente. "No es cierto que haya dejado de ser vicepresidente. La permanencia de Chehade está generando inestabilidad", criticó el parlamentario conservador Juan José Díaz.

Según la denuncia, el vicepresidente se reunió con tres generales para instarlos a que con documentos falsos desalojaran a trabajadores que por mandato judicial administran la azucarera Andahuasi, una de las mayores del Perú, y la entregaran al Grupo Wong.

El hecho derivó en una denuncia constitucional por patrocinio ilegal, cohecho activo, tráfico de influencias y falsedad genérica. Por ley, Chehade debe ser acusado por el Parlamento para pasar a la Justicia.

El caso se ha convertido en un dolor de cabeza para Humala, quien hizo de la lucha anticorrupción una de sus banderas de campaña y presentó a su ahora vicepresidente como ejemplo de moralidad.

Mientras algunos analistas estiman que Humala ha sido claro en marcar distancias y dejar que el caso siga su curso legal, otros creen que ha sido blando, lo que atribuyen a que podría tener temor a secretos que conozca Chehade, su abogado en casos de derechos humanos.