Cuestionan documentos de Chang en los que estima en US$ 4 mil millones su fortuna
Se trata de dos fichas que el dueño de Arcano legalizó ante notario para presentar en Malta. Formularios son para optar al programa de residencia para inversionistas de ese país.

Dos documentos preparó Alberto Chang para optar al “Malta Individual Investor Programme”, el proceso para otorgar residencia permanente que tiene ese paíspara inversionistas extranjeros. Se trata de formularios que el fundador y dueño de Grupo Arcano habría presentado a la isla pocos días antes que se hiciera pública la investigación por presunta estafa piramidal, entre otros delitos, que lleva adelante el Ministerio Público en su contra.
Así se desprende de una presentación que hizo el 6 de junio el abogado Rodrigo Avila, en representación de varios ex ejecutivos de la compañía, al fiscal Carlos Gajardo. En ella, Avila y otros dos abogados confirman que los documentos tienen como finalidad “optar por la residencia en dicha isla” y que “fueron suscritos por Alberto Chang Rajii”.
Ambos documentos, casi idénticos y de 4 páginas cada uno, fueron firmados y timbrados por Nancy de la Fuente, la ex notaria de Grupo Arcano y madre del ex fiscal de la empresa, Santiago Ruiz. El timbre de la notaria, sin embargo, no está en la página 3 de ninguno de los dos formularios, por lo que fuentes vinculadas al caso estiman que Chang los habría falsificado.
La página 3 de ambos documentos no es cualquiera. En ella el empresario debía detallar cuánto vale su actual fortuna, similar a una declaración de intereses que le permitiera a Malta asegurar que tiene fondos suficientes para invertir en el país y optar por la residencia en el mismo.
En ambos documentos Chang dijo tener un ingreso anual de US$ 80 millones. Pero en la página 3 de los formularios, en la que debía detallar su fortuna acumulada, las cifras son diferentes. En efecto, pues en uno dijo tener una fortuna total de US$ 4 mil millones y en el otro de US$ 200 millones.
Fuentes ligadas al caso creen que Chang optó por falsificar la página 3 de ambos documentos, aunque las razones tras ello no están claras.
“Llama la atención”
¿El motivo de esa eventual falsificación? Los abogados, que junto con la presentación acompañaron dichos documentos, no lo saben, pero estimaron conveniente entregárselos al fiscal Gajardo para que indague su veracidad y objetivo.
“Llama la atención que ambos documentos, idénticos en apariencia, no tengan el timbre de agua de la citada notaría en la página 3 del mismo”, dicen los abogados. “Y más aún, que en dichas páginas existan diferencias numéricas que lleven a afirmar en una, que ‘lo que pesa’ el solicitante (capital neto después de deudas) es 4 billones de dólares versus 200 millones de dólares (3.800 millones de dólares de diferencias). ¡Sobran comentarios al respecto!”, agregan.
La presentación de los abogados y ambos documentos forman parte de la carpeta investigativa de la fiscalía en este caso, a la que tuvo acceso La Tercera. Dichos formularios, dice una fuente ligada a la causa, confirman los intentos de Chang por quedarse en la isla en los días previos a que estallara el caso en su contra. Pero también, agrega, revela sus extrañas maniobras respecto al verdadero valor de sus cuentas.
Residencia provisoria
Como sea, Chang había obtenido una residencia provisoria en Malta el 31 agosto de 2015 por parte del Departamento de Asuntos de Ciudadanía y Expatriados de ese país. Dicho documento tiene vigencia hasta el 1 de enero de 2017.
Sin embargo, esa residencia provisoria, dijo el fiscal Carlos Gajardo el 27 de abril, fue revocada por el gobierno de Malta, según le informó la Cancillería. Ese mismo día Gajardo formalizó a Chang en ausencia y pidió comenzar el proceso de extradición en su contra, el cual aún está pendiente.
Chang, al parecer, habría tratado de adelantarse a ese escenario al solicitar la residencia permanente en febrero de este año, optando al programa de inversionistas extranjeros. Coincidencia o no, dicho proceso lo inició poco antes que se hiciera pública la investigación en su contra, la cual comenzó en agosto de 2015 en completo hermetismo y tras una denuncia anónima a la Fiscalía de Las Condes, vía telefónica, el 15 de junio del mismo año.
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