En el patio de Los Cañones, con 36 grados de calor, y no en uno de los salones de La Moneda, ayer a las 17.06, Sebastián Dávalos notificó su renuncia al cargo de director Sociocultural de la Presidencia.

Poco más de una hora antes, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, se había reunido en su despacho con el vocero subrogante, José Antonio Gómez, para en conjunto darle los trazos finales a la estrategia implementada a comienzos de semana para enfrentar la crisis por los negocios del matrimonio Dávalos-Compagnon.

Visiblemente nervioso, casi sin levantar la mirada y sin dar espacio para preguntas de la veintena de periodistas que llegó a la casa de gobierno, el hijo mayor de la Presidenta Michelle Bachelet leyó un extenso comunicado, en cuya parte final abordó su salida.

"No me queda más que pedir humildemente perdón por este amargo momento. Entiendo además que esto para algunos pudiera no ser suficiente. Es debido a lo anterior que he decidido dar un paso al costado y renunciar", dijo Dávalos una semana después de que Qué Pasa publicara detalles de un negocio inmobiliario de la empresa Caval, de propiedad de su esposa Natalia Compagnon, y que involucró un préstamo de parte del Banco de Chile por $6.500 millones, luego de una reunión entre el dueño y vicepresidente de la entidad, Andrónico Luksic, el propio Dávalos y su cónyuge.

Una vez que el Conservador de Bienes Raíces termine la inscripción de la venta de las 44,3 hectáreas en Machalí, algo que debe ocurrir en estos días, Caval, 14 meses después de recibir el millonario crédito, se embolsará unos $2.500 millones.

La determinación del hijo mayor de la mandataria se dio luego de una tenso tira y afloja con el ministro Peñailillo, quien, el lunes, tras conseguir el visto bueno de la propia Presidenta, buscó alejar al gobierno lo más posible del conflicto.

Es así que, y en dupla con el ministro Gómez, el titular de Interior apuntó primero a clarificar que en la cuestionada operación no había recursos ni funcionarios públicos involucrados.

Luego, Peñailillo logró que Dávalos presentara su declaración de patrimonio e intereses, algo a lo que el propio gobierno se había opuesto en, al menos, dos ocasiones durante 2014. El argumento para las negativas había sido que el hijo de la mandataria no tenía obligación de revelar sus bienes porque su cargo era ad honorem y, por lo tanto, no estaba sujeto a la Ley de Bases de Administración del Estados y los principios de probidad y transparencia que ésta incorpora.

No obstante, durante todo el martes, desde Interior tuvieron una seguidilla de contactos con Dávalos para, primero, recopilar los antecedentes y, luego, afinar los detalles de la publicación. Pasada la medianoche, en el sitio web de la Dirección Sociocultural, se entregó la información.

Lo siguiente fue presionar a Dávalos para que fuera él quien diera las explicaciones del caso. Por eso, el miércoles, nuevamente actuando en tándem con Gómez, el jefe de gabinete insistió en que "toda persona que participe del gobierno debe actuar con transparencia" y que era Dávalos el que "tenía que responder". Y Gómez agregó: "Para nosotros el tema no es grato, en absoluto, pero sin duda es una situación que tendrá que ver él en el momento que lo crea oportuno".

El último paso de la estrategia se dio el jueves con el pronunciamiento de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que ese día en la tarde descartó irregularidades en el polémico crédito por $6.500 millones del Banco de Chile a Caval.

Con dicha definición, quedaba la puerta abierta para que Dávalos pudiera resaltar que sus actividades financieras y comerciales estaban en regla y así tener la posibilidad de una "salida limpia".

"Deseo poner énfasis que no he cometido ilícito alguno ni delito funcionario, como algunos medios han sugerido", leyó ayer Dávalos.

Treinta minutos después de esa intervención, el ministro Gómez, -en el Salón Azul de Palacio- valoró la dimisión e insistió que en los negocios del matrimonio Dávalos-Compagnon no había irregularidades ni delito funcionario.