En abril, el hijo de la Presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos, pidió por primera vez ser sobreseído del caso Caval, indagatoria en que la Fiscalía de Rancagua investiga los presuntos delitos en el proceso de compra y venta de tres predios en la comuna de Machalí, VI Región, por parte de la empresa Caval. Esta firma es de propiedad de su esposa, Natalia Compagnon, y de Mauricio Valero.
Esa primera petición le fue negada. En julio insistió ante la Corte de Apelaciones rancagüina, obteniendo el mismo resultado. El tercer intento ocurrió el 18 de diciembre y volvió a tener un desenlace negativo.
Y ayer, por cuarta vez, inició las gestiones para ser sobreseído en esta indagatoria. A través de un escrito, su abogado Carlos Fierro apeló a la última resolución del juzgado de garantía que rechazó el requerimiento. Según los argumentos expuestos en el texto ante la Corte de Apelaciones de la VI Región, "durante la investigación sustanciada por el Ministerio Público y de la cual existen múltiples diligencias, no solo se encuentra total y absolutamente agotada, sino que cerrada y en etapa de preparación del juicio oral. Así las cosas, lo que se desestima por parte del tribunal de primer grado es que esta investigación, que se extendió por más de 30 meses, no arribó a ninguna conclusión que pudiera derivar en una imputación objetiva".
Además, sostuvo que "los hechos que se describen en las denuncias y querellas presentadas en contra de mi representado no han podido alcanzar el estándar para formalizarlo por los delitos por los que finalmente se acusa a coimputados en esta causa, más aún las infracciones que se imputan a mi representado siguen basándose en los mismos supuestos fácticos tenidos a la vista en la época en que se da inicio a la investigación".
Uno de los antecedentes que la fiscalía maneja sobre Dávalos es la declaración que Mauricio Valero entregó a los persecutores, en noviembre pasado. Allí, el socio de Compagnon indicó que el año 2012 el hijo de la Presidente había hecho trabajos para Caval por cinco boletas de $ 2 millones cada una. Esto, mientras ocupaba un cargo en la Dirección General de Relaciones Económicas Internaciones (Direcon) de la Cancillería.
En el requerimiento del abogado, este se hace cargo de esta imputación y explica que "son las mismas respecto de las cuales con fecha diciembre del año 2015 depuso ante el (ex) fiscal regional (de la VI Región) Luis Toledo y fiscal jefe señor (Sergio) Moya, ocasión en la que no solo puso a disposición de aquellos y declaró latamente respecto de su emisión, sino que, además, declaró sobre todos los antecedentes que emanaron de los dispositivos electrónicos que puso voluntariamente a disposición de la fiscalía". El jurista invocó artículos del Código Procesal Penal, de la Constitución y la Convención Americana de DD.HH.
El abogado de Valero, Felipe Jiménez, sostuvo que "hay demasiados antecedentes nuevos que hacen muy difícil que se pueda revertir la decisión del tribunal. Además, nosotros creemos que la fiscalía tiene buenos fundamentos para continuar la investigación".
