El 22 de marzo, la Corte Suprema emitió un fallo histórico. Los magistrados condenaron a a penas efectivas a 32 de 33 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y de organismos del Ejército por el secuestro calificado de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, cuyos cuerpos fueron lanzados al mar en 1987.

De esos sentenciados, 26 tendrán que ingresar por primera vez a la cárcel, sin embargo, el penal Punta Peuco está casi al límite de su capacidad.

Es por esto que una vez que vuelva el expediente del caso a manos del juez Mario Carroza, el magistrado resolverá a dónde irán cerca de 20 de los reclusos a cumplir sus penas, que van desde los cinco a los 15 años de presidio.

Sin embargo, luego de una inspección realizada el lunes por el ministro en visita al penal Colina I, decidió que sean derivados a ese recinto penitenciario, lo que le será comunicado a Gendarmería en los próximos días, cuando quede ejecutoriada la sentencia.

"Efectivamente, comprobamos que Punta Peuco ya tenía su capacidad copada, por lo tanto los cupos que quedaban eran mínimos. Por lo mismo, nos preocupamos de saber dónde se les iba a enviar, concurrimos ayer (lunes) y verificamos lo que decía relación con las instalaciones con todas las dependencias donde iban a quedar, y eso era en Colina 1", dijo Carroza", y agregó que "también se están viendo otras alternativas, como el cumplimiento en regiones, porque también podrían ser recluidos algunos en sus lugares de origen para que sus familiares puedan ir a verlos"

Pero estos condenados por violaciones a los derechos humanos no son los únicos que podrían llegar durante este año a ese recinto penitenciario, dado que según información del Poder Judicial, hay 41 sentencias por delitos de lesa humanidad de las cortes de Apelaciones que deben ser revisadas en la Corte Suprema; 104 fallos de primera instancia que aún no se han analizado por los tribunales de alzada a lo largo del país.

Instalaciones

Según fuentes del proceso, durante la inspección del ministro en visita, efectivos de la Policía de Investigaciones y funcionarios judiciales realizaron actas sobre las instalaciones que estarían ubicadas en el sector donde funcionaba la enfermería del establecimiento penal. De acuerdo a lo que se informó en esa ocasión, este lugar tendría una capacidad total para 125 personas.

Para los cerca de 20 internos que llegarán se tienen acondicionadas piezas individuales de tres por dos metros, con camas de una plaza que a su costado tienen ubicado un velador y un locker en que los reos guardarán sus pertenencias. Además, habría un sector común en que se colocarían sillas, mesas y un televisor.

Para resguardar la salud de los presos por delitos de lesa humanidad se dispondrá de una unidad de enfermería en el lugar. También hay otras piezas que son más amplias y podrían albergar más camas.

Sobre la decisión del juez, desde Gendarmería indicaron que no se referirán respecto de personas que aún no están bajo su custodia.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, indicó que "esta señal, en que va un ministro que lleva causas de DD.HH. a Colina para recorrer las dependencias, demuestra y contradice las campañas de quienes dicen que hay un trato indigno para estos condenados. De hecho, hay una preocupación que va más allá de la que se tiene con cualquier preso. Esperamos que la Presidenta tome una decisión y reubique a todos los violadores de derechos humanos en Colina".