El 10 de agosto, el presidente electo, Sebastián Piñera, dio a conocer su postura sobre el destino de Punta Peuco y se mostró contrario al cierre. "Es necesaria una cárcel especial para los presos de las Fuerzas Armadas; como existe en muchas de las principales democracias del mundo por razones de seguridad", dijo en Radio Infinita.

A cuatro meses de eso, según sus cercanos, su intención se mantiene.

Así, en el caso de que la Presidenta Bachelet no tome la decisión de cerrar la cárcel donde están recluidos los ex militares condenados por violaciones a los DDHH, la opción de que el penal deje de funcionar se hace cada vez más escasa.

Por otro lado, si la Mandataria clausura el penal en lo que queda de su período, se espera que Piñera impulse una serie de condiciones para que los internos que sufran enfermedades de extrema gravedad puedan acceder a cumplir parte de sus penas en arresto domiciliario. De hecho, en agosto justificó esa decisión con el objetivo de que esos condenados "mueran con dignidad".

Pese a ello, diputados como Tucapel Jiménez (PPD) esperan que Bachelet cierre esta cárcel. "Todavía tenemos que esperar, porque el mandato termina el 11 de marzo del próximo año. Por lo tanto, todavía hay una posibilidad de que ella cumpla su compromiso", explicó el parlamentario.

Agregó que si ella no dicta el término del penal, "todos sabemos lo que dijo Piñera, de que no va a cerrar Punta Peuco, y me imagino que dentro de las reuniones que tuvo con ex militares hay algún compromiso de por medio". Sin embargo, advirtió el legislador, "yo le pediría que por lo menos se terminen los privilegios dentro de Punta Peuco, porque si bien es cierto que tiene una estructura de cárcel, por dentro siguen existiendo privilegios y eso es lo que indigna hoy a la ciudadanía. Espero que, al menos, tome cartas en ese asunto y no haya ciudadanos de primera y segunda categoría".

Una postura similar tiene el diputado Leonardo Soto (PS), quien confía en que Bachelet tome la decisión. "Los socialistas esperamos que la Presidenta lo cierre, porque es un privilegio que beneficia a violadores de DDHH que han cometido los delitos más graves que se pueden cometer", dijo el congresista. Añadió que si bien Piñera baraja la opción de presentar un proyecto para liberar a los presos que están enfermos o que tienen una edad avanzada, advirtió que "esa es una materia que va a dividir al gobierno y la oposición".

En tanto, el senador Felipe Harboe (PPD) comentó que cerrar el penal puede ser un anhelo de algunos, pero pasa por tomar las medidas que permitan que esas personas cumplan sus condenas sin riesgos de agresiones. "Creo que parte de los acuerdos de Piñera con los militares (R) es no cerrar Punta Peuco. Eso lo veremos", afirmó.

Desde la vereda contraria, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) explicó que "Punta Peuco es una cárcel y nada justifica su cierre en las actuales circunstancias".

Agregó que "los gobiernos tienen que gobernar hasta el término de su mandato, pero el cierre de un penal es un proceso largo, que si se iniciara durante los dos últimos meses de su gestión lo heredará un nuevo gobierno, que ya manifestó no estar de acuerdo".

A su vez, la diputada Marcela Sabat (RN) expresó que "Punta Peuco debería seguir funcionando. En cuanto a los internos, estos deben cumplir sus condenas, sin perjuicio de que en fases terminales o cuando estén privados de razón puedan acceder a cumplirlas junto a sus familias".