Ayer asumió el nuevo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, abogado de amplia trayectoria en el ámbito jurídico y público. Una de las primeras medidas de su programa es reducir los plazos para la titulación de los estudiantes de Derecho de ese plantel, que en promedio lo hacen en 8,8 años. La propuesta es llegar a lo menos a siete años.
En el ámbito público se ha desempeñado en el Consejo de Defensa del Estado. También estuvo en Chile Transparente y fue nombrado por la Presidenta Michelle Bachelet en el grupo que elaboró la propuesta de Agenda de Probidad de 2006, la ley sobre acceso a la información pública y el Consejo para la Transparencia.
En su trabajo privado, el último caso en el que tuvo participación fue en el caso Penta. Hasta hace unos días era parte del equipo de abogados que defiende a los dueños del holding, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. Esta labor la dejó tras ser electo como decano.
¿Cuáles son sus prioridades al asumir como decano?
Poner a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile al servicio del país. Tenemos grandes temas desde el punto de vista jurídico. Tenemos el tema de la nueva Constitución Política, el colapso de la justicia civil, las pequeñas causas que no tienen una solución legal, pero que significan un malestar para nuestros ciudadanos. Hay temas como la libertad de expresión en internet, financiamiento de los partidos políticos y el combate a la corrupción, que pasan por el lado de lo jurídico, y esta universidad tiene por mandato legal y su obligación íntima de ponerse a disposición de la ciudadanía para coordinar las mejores soluciones para cada una de esas y otras temáticas que vengan en el futuro.
¿Cómo ve el desafío que tiene el sector judicial por todo lo que está pasando con casos que involucran a políticos? Incluso, el ex contralor advirtió que "la corrupción ha llegado".
Yo creo que Chile desde el punto de vista judicial no es un país corrupto. Tenemos jueces probos, magistrados capaces, pero la ciudadanía sigue percibiendo mal al Poder Judicial y eso es porque debemos tener el tino de poner a disposición del país una justicia de pequeñas causas que solucione los problemas cotidianos que tienen los ciudadanos, sus conflictos de vecindad, las problemáticas que día a día se plantean, que no son necesariamente los problemas de las grandes empresas ni de los grandes contratos.
¿Y es un desafío mayor enfrentarse a casos que involucren a políticos, a miembros de los poderes del Estado?
En esas causas la institución está funcionando. Las fiscalías funcionan, el Poder Judicial funciona, por eso digo que Chile no es un país corrupto.
¿Qué le parecen las medidas pro transparencia que se han anunciado?
Las conclusiones de la Comisión Engel las compartimos plenamente. Queremos sí hacer un llamado a que realmente se cumplan, porque recuerdo que hubo una primera comisión, en la que yo tuve incluso el honor de participar, y de las nueve medidas que propusimos tan sólo se hicieron realidad dos de ellas y no tenemos que esperar momentos que, por crisis, la ciudadanía nos esté demandando actuar. Debemos hacerlo porque estamos convencidos de que este país debe ser transparente y probo.
Tras el cambio de gabinete, hay una nueva ministra de Justicia y uno de los temas que podría abordar Javiera Blanco son las demandas de los fiscales
La Reforma Procesal Penal es un orgullo para Chile, pero requiere de algunos afinamientos, algunas mejoras y nosotros estaremos disponibles para prestar nuestra asesoría en todo lo que sea necesario y se nos requiera por parte del Ministerio Público.
Usted estuvo en la creación de la Universidad Alberto Hurtado, por eso lo quiero llevar al ámbito educacional. ¿Cómo ve la reforma a la educación superior que se está preparando?
Va a ser un tiempo sumamente interesante, el país demanda una educación superior gratuita y su implementación no va a ser fácil y tampoco va a ser de un día para otro, habrá que estudiar los efectos de ello, respetar aquellos que quieran seguir probablemente pagando, pero finalmente no va a poder haber nadie en Chile que no pueda entrar a la universidad por problemas económicos.
