La acusación final del caso Nóos, el escándalo de corrupción que ha golpeado a la Corona española al estar involucrado en él Iñaki Urdangarin -esposo de la infanta Cristina-, ya estaría lista, según informó ayer la prensa española. De acuerdo al diario español El País, en aquel escrito, el fiscal anticorrupción de Palma de Mallorca, Pedro Horrach, tiene previsto pedir hasta 19 años de cárcel para Urdangarin y hasta 15 años para Diego Torres, su ex socio en el Instituto Nóos. Ambos enfrentan cargos de delito fiscal, prevaricación, fraude fiscal, falsedad documental y malversación de caudales públicos.
En cuanto a la hija del rey Juan Carlos -quien declaró el sábado, imputada por posible fraude fiscal y blanqueo de capitales-, Horrach pedirá que no sea acusada en caso de que su nombre aún esté incluido en el auto final del caso que prepara el juez instructor, José Castro. Ello, sin embargo, no quita que el fiscal Horrach le reclame a la infanta que desembolse 600 mil euros (unos US$ 818 mil), la mitad del dinero que la empresa familiar -Aizoon, de la cual Cristina de Borbón posee el 50%- habría recibido de fondos públicos desviados.
Desde que en 2011 su esposo se vio involucrado en el escándalo, la infanta tomó distancia de las actividades oficiales de la familia real española, para evitar que la imagen de ésta se viera afectada. Sin embargo, ya antes de que se desatara el escándalo de corrupción, la popularidad de los Borbón iba a la baja, tras el polémico safari del rey en Botswana, en abril de 2012, en el peor momento de la crisis económica española. Así, el caso Nóos sólo vino a hundir aún más la popularidad del clan liderado por Juan Carlos I.
Antes de la histórica declaración de la infanta Cristina, además, la tensión en el Palacio de la Zarzuela, la residencia real, había llegado a tal punto que, incluso, la pasada Navidad el heredero al trono, Felipe, no pasó Nochebuena con sus padres ni sus hermanas, en su afán de marcar un distanciamiento público con su hermana y su cuñado.
Pero la armonía entre los Borbón se estaría recomponiendo, luego de que la duquesa de Palma aceptara, por consejo de La Zarzuela, presentarse ante el juez Castro, pese a que tenía la opción de apelar la citación. El sábado, tras salir del juzgado central de Palma de Mallorca, la infanta Cristina hizo una parada en Madrid para cenar con sus padres y explicarles su experiencia de más de cinco horas en el juzgado. La infanta pasó la noche en casa de los reyes y al día siguiente voló a Ginebra, Suiza, para reunirse con Urdangarin y sus hijos.
Según el diario ABC, mientras el juez Castro decide si mantener o no la imputación contra la infanta, La Zarzuela aspira a dejar atrás esta etapa y volver a la normalidad. "El objetivo de la Casa del Rey es desaparecer de las noticias de tribunales y que la información vuelva a centrarse en la agenda institucional de la familia real", afirmó el medio. Por lo pronto, el rey Juan Carlos retomará hoy sus actividades oficiales en el exterior, tras siete meses de alejamiento debido a cirugías en su cadera. Así, viajará a Portugal.
En cuanto a la declaración de Cristina de Borbón, la fiscalía española solicitó ayer la apertura de una investigación por la difusión de una foto de la infanta y de un video de cinco minutos tomados durante el interrogatorio, pese a la prohibición. En el registro audiovisual se escuchan tanto las respuestas evasivas de la infanta hacia el juez como los gritos de los manifestantes en el exterior.v
