3.472.027 contribuyentes presentaron su declaración de impuestos en el marco de la Operación Renta 2017, situación que dejó "muy satisfecho" al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, quien celebró el alza de 3% respecto al número alcanzado en el proceso anterior.
De los contribuyentes que presentaron su declaración de impuestos, el 68,8% correspondió a personas naturales , mientras el 25,7% fueron microempresas; 4,41% pequeñas empresas; 0,68% compañías medianas y 0,41% grandes contribuyentes.
Sin embargo, no hubo el mismo ánimo por parte del director al dar cuenta del monto declarado -quien fue acompañado por el tesorero General de la República, Hernán Frigolett- considerando que el incremento de impuestos declarados en la Operación Renta 2017 fue de apenas 0,6% anual, llegando a los US$ 12.672 millones, particularmente afectado por la caída de 0,8% del pago del impuesto de primera categoría (ver infografía) respecto al año anterior.
Durante su presentación, Barraza explicó que, pese a que la reforma tributaria estableció un alza de 22,5% a 24% en 2016 para dicho tributo, "el incremento de tasa no logró compensar los efectos de la contabilidad de las empresas, las más grandes".
Así, el director indicó que la baja en la declaración por este concepto se debió "principalmente al comportamiento de la economía", y también al menor precio del cobre, que cedió 11,5% como promedio entre ambos años, pasando de US$ 2,49 la libra a US$2,2.
Asimismo, Barraza planteó que la declaración del impuesto de primera categoría tuvo una alta base de comparación frente al año comercial 2015, relacionado al Impuesto Único asociado a la ganancia de capital por enajenaciones no habituales. En este sentido, explicó que "un pequeño número de contribuyentes declararon un monto excepcionalmente alto por este concepto", por lo que limpiando dicho efecto, la recaudación por el pago de primera categoría se elevaría en 1,6% en términos reales, según precisó.
En tanto, el alza en la declaración de impuestos a nivel general se debió principalmente a un aumento del impuesto adicional declarado por las empresas del Estado, y en menor medida, por el mayor impuesto único declarado por concepto de gastos rechazados.
De acuerdo con la legislación nacional, las empresas del Estado deben pagar adicionalmente al impuesto de primera categoría, un impuesto especial del 40% sobre las utilidades generadas.
Reforma tributaria
Si bien el director del SII aseguró que la reforma tributaria había recaudado acorde a lo proyectado, indicando que "ha venido implementándose de manera gradual" y que "lo central para el año que recién pasó fue el incremento de la tasa", de acuerdo a Carolina Grünwald, investigadora de LyD, "este crecimiento del PIB muy menor al estimado está pasando la cuenta".
Así, la economista aseguró que "claramente no se ha recaudado lo que se esperaba. Sea por la razón que sea. Además, el mismo ministro de Hacienda hace poco hizo el mea culpa de que no se haya comunicado que esta reforma no sería inocua".
En tanto, Rodrigo Cerda, director alterno de Clapes UC, reafirmó que "aunque se limpie el dato del impuesto de primera categoría, y crezca 1,5% en términos reales, uno esperaría que aumente sobre este nivel, porque la base imponible debería expandirse entre 1% y 2% siguiendo el crecimiento económico y el resto debería ser aumento de tasa". Así, aunque reconoció que pudo existir un impacto por el menor precio del cobre, afirmó que "da la impresión que la reforma no está recaudando lo que se indicó como porcentaje del PIB".
Acciones a futuro
El SII seleccionó a 623.313 contribuyentes como sujetos de diferentes acciones de "tratamiento" a partir de este año, de los cuales 56.639 corresponden a no declarantes, por lo que ya están siendo contactados . Del resto, 443.392 se contactarán a distancia, 120.820, en oficinas y 2.462 mediante auditorías. Entre estos, el 69% registra actividad en el SII en los sectores financieros, comercio, restaurantes y hoteles y servicios personales.
Además, el ente recaudador seleccionó a 24.000 contribuyentes de alto patrimonio para monitorear el cumplimiento de las operaciones en fondos de inversión privados y sus partícipes, y reforzará la fiscalización respecto del FUT histórico, entre otros.
