Una reunión reservada mantuvieron este miércoles la ministra de Defensa, Patricia Pérez, y el comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, en las oficinas de la secretaria de Estado. El encuentro se realizó días después de que el general se comunicara telefónicamente con Pérez para plantearle su posición respecto del futuro del ex penal Cordillera.
De acuerdo a fuentes ligadas al caso, el diálogo duró cerca de media hora, y si bien fue cordial, también mostró lo disímiles de los planes de ambas reparticiones para las 0,87 hectáreas de terreno de Avenida José Arrieta 9.600, en Peñalolén.
Mientras en Justicia elaboraron dos propuestas -como primera alternativa un Centro de Estudio y Trabajo (CET) para mujeres condenadas y, como segunda, un centro de reinserción social mixto- en la institución uniformada analizaron que esta coyuntura podría permitirles recuperar este espacio para un antiguo proyecto: construir residencias temporales para los familiares de los suboficiales que viajen a Santiago para tratarse por enfermedades catastróficas o de alta complejidad, en el Hospital Militar. Esto, ya que el 70% de los efectivos no residen en la Región Metropolitana.
Ambas iniciativas comenzaron a analizarse luego de que, a fines de septiembre, el Presidente Sebastián Piñera anunciara el cierre del recinto penitenciario creado en 2004, para que cumpliera su condena el general (R) Manuel Contreras. Entonces, el Ejército firmó con Gendarmería un contrato de comodato por 30 años, donde se establecía que el beneficiario sólo podría destinar la propiedad como Centro de Cumplimiento Penitenciario Especial, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto que dio origen a Cordillera.
Tras el anuncio de cierre de Cordillera y el traslado de sus internos a Punta Peuco, la ministra Pérez envió un oficio a Defensa para que se firmara un nuevo comodato, que permitiera recibir en el recinto a civiles condenados. Por su parte, el general Fuente-Alba envió el 2 de octubre un documento a Defensa, para que oficiara al Ministerio de Justicia, de modo que esta cartera devolviera el terreno a la institución.
Ayer, en el marco de la despedida de la dotación Antártica para el 2014, el ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, zanjó la disputa. Afirmó que "la ex cárcel Cordillera es un recinto propiedad del Ejército de Chile y que se había entregado en comodato a Gendarmería. Dispuesto el término de ese penal por el Presidente de la República, lo que corresponde es que vuelva al Ejército".
Sobre el uso que se dará esta superficie, expresó que "hay muchos que le están echando el ojo al terreno, partiendo por la ministra de Justicia. A ella le gustaría tener allí un penal para mujeres lactantes, que sería una idea muy bonita, pero la verdad es que todos pueden tener ideas, pero en justicia y en lo que es contractual, el terreno vuelve al Ejército y son ellos quienes autónomamente y, justificadamente, pueden disponer de él".
Fuentes del Ejército afirmaron que la institución está dispuesta a facilitar otro terreno a Justicia, pero que emplazar un recinto penal para civiles en el Comando de Telecomunicaciones, podría generar situaciones complejas en términos de seguridad.
