Durante la segunda jornada de formalización de tres ejecutivos de CGE Distribución SA, Esteban Vuchetich, Pablo Yáñez y José Reyes, a quienes se les imputan cinco delitos de incendio ocurridos en la VI Región por presunta omisión con dolo eventual, su defensa intentó refutar la tesis de la fiscalía identificando puntos de orígenes distintos a lo señalado por los informes policiales. Según el fiscal regional Emiliano Arias, estas emergencias se produjeron debido a la falta de mantenimiento de las franjas de seguridad de las líneas eléctricas, que provocaron el contacto de los árboles con los cables.

Se trata de los siniestros ocurridos entre diciembre de 2016 y enero de 2017, conocidos como los de La Cabaña, El Carrizal, Alto Población, El Perdigadero y el megaincendio de Nilahue-Barahona. En estos se consumieron más de 77 mil hectáreas de las comunas de Pumanque, Paredones y Marchigüe, afectando directamente a 350 personas.

Los informes elaborados por peritos contratados por la defensa refutarían las pericias realizadas por el OS-5 de Carabineros para establecer origen y causa de cada uno de los siniestros. "Estos análisis fueron realizados a partir de los antecedentes entregados por los testigos que previamente habían señalado cuál era el punto de inicio del fuego. El defecto de esto es que se desechan todos los otros hallazgos o vestigios que apunten en otra dirección", dijo en su presentación el abogado y vocero de CGE, Cristian Muga.

Entre estos, se encuentra el análisis de las imágenes térmicas tomadas por satélites a las áreas afectadas, antes y después de declarado el incendio, estableciendo que, para todos los siniestros, el punto de origen no coincide con el señalado por el OS-5. En el caso de El Carrizal, el fuego no habría afectado la zona establecida oficialmente como origen de la emergencia. Asimismo, la defensa cuestionó la demora con que el OS-5 se habría constituido en el lugar de los incendios para realizar las pericias, que en tres siniestros se concretó 22, 71 y 86 días después de que estos ocurrieran. Además, se argumentó que CGE habría contado con planes de limpieza y mantenimiento de las franjas de seguridad de las líneas eléctricas y que habría invertido recursos de forma creciente para estas faenas.

"Hemos afirmado que aun cuando los sistemas eléctricos son perfectibles y las redes pueden presentar fallas, no somos responsables de aquello que la fiscalía nos imputa (...) la pretensión cautelar es improcedente ya que los hechos acreditados por la defensa son indesmentibles", dijo Muga.

Respecto a la supuesta demora de Carabineros, el fiscal Arias dijo que "el juego de la defensa es atomizar, y si bien el OS-5 se presentó días después, Labocar fue el mismo día. Hay que ver la prueba en su conjunto".