A las 11 horas, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Alfonso Vargas (RN), llegará hasta la sede del Consejo para la Transparencia, ubicada frente a la Plaza de la Constitución, para hacer entrega de parte de los documentos usados por su cartera y por el Ejército en la adquisición del puente mecano que se está instalando sobre el Biobío.
Los antecedentes fueron negados a este consejo en diversas ocasiones durante 2010, tanto por la rama castrense como por Defensa. El argumento esgrimido fue el carácter secreto de tal negocio, ya que fue pagado con platas provenientes de la Ley Reservada del Cobre para compras militares.
Vargas será acompañado por la nueva contratación del gabinete del ministro Andrés Allamand, el abogado Jorge Bermúdez, quien se instaló en el edificio de Villavicencio a partir del 1 de febrero.
El jurista de la Universidad Católica de Valparaíso no posee militancia política, pero mantuvo hasta enero pasado una asesoría en la Subsecretaría de Pesca que comenzó en 2003, durante el gobierno de Ricardo Lagos.
Antecedentes
El presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia (RN), recibirá hoy el dossier de Defensa. Para ello, hará un alto en sus vacaciones que espera retomar esta misma tarde.
Esta entrega es relevante para Urrutia, pues la revelación de los documentos vinculados al puente mecano ha sido una pugna emblemática para el consejo.
Sin embargo, Urrutia no recibirá toda la información que rodeó al proceso de compra, pues Defensa tomó resguardos en los aspectos relacionados con la tramitación de adquisiciones del Consejo Superior de la Defensa Nacional y del Comité Permanente de Adquisiciones del Ejército.
Estos organismos fueron determinantes en la compra del viaducto a la empresa norteamericana Acrow por US$ 16,6 millones, sin considerar la instalación, contrato firmado en junio pasado.
La empresa que sí incluyó la instalación -procedimiento valorado en US$ 2 millones- y que fue apartada del negocio, la británica Mabey, reclamó ante el Consejo para la Transparencia y ante la Contraloría después de habérseles negado los antecedentes en la cartera de Defensa.
Se espera que esta entrega parcial no sea cuestionada por el Consejo para la Transparencia, pues, según confidenció el propio Allamand, afinó con Urrutia los criterios de esta entrega.
Fuentes de la cartera afirman que la primera misión ordenada a Jorge Bermúdez, experto en derecho ambiental y adminitrativo, fue la preparación de los papeles de la compra del puente mecano bajo un criterio restrictivo.
El cuidado de ello tiene que ver con que esta información irá a parar a manos de la reclamante, Mabey.
La empresa analizará los antecedentes y los cruzará con el informe "secreto" que la Contraloría le envió el 27 de enero, donde deja la puerta abierta para que inicie acciones ante los tribunales civiles.
En Defensa esperan cerrar pronto el capítulo del puente mecano, aunque aún resta que Allamand informe las responsabilidades de su cartera y del Ejército a la Contraloría, que arrojen los respectivos sumarios en curso.
