"El patrimonio familiar de Juan Miguel Fuente-Alba alcanza los $ 1.100 millones el 2015, al término de su mandato como comandante en jefe (del Ejército). Este patrimonio incluye herencias de Fuente-Alba y su cónyuge, mayor valor obtenido en venta de inmuebles y los ahorros de toda una vida de trabajo".
De esta forma, los abogados Alejandro Espinoza y Joanna Heskia, representantes de la ex máxima autoridad castrense, indicaron ayer a cuánto ascendía el capital del general (R).
El ex uniformado es objeto de una investigación penal. La ministra de la Corte de Apelaciones, Romy Rutherford, indaga eventuales irregularidades en su labor administrativa en el fraude en el Ejército, entre 2010 y 2014 (cuando fue comandante en jefe), además de sus bienes y cuentas. Así, la PDI realizó en febrero un informe contable -publicado por Radio ADN- que estableció que supuestamente se registraron abonos por $7.942 millones en cuentas nacionales y extranjeras de Fuente-Alba, entre 2008 y 2015.
La defensa del alto oficial cuestionó el documento de la policía civil, indicando que los detectives cometieron errores al realizar los cálculos. Los abogados, además, indicaron que tomarán medidas: "El general Fuente-Alba nos ha instruido para que evaluemos las acciones legales pertinentes contra los funcionarios de la PDI que elaboraron este informe plagado de errores, imprecisiones e inexactitudes, por los graves daños a su honra y la de su familia".
Consultada la PDI, se indicó que no se pronunciarán por tratarse de una investigación en curso.
Respecto de este peritaje, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, dijo ayer que "lo importante es la investigación judicial que se está realizando y, en ese sentido, cualquier antecedente que salga debe ser indagado en profundidad, deben tomarse las medidas legales que correspondan y el fallo final dirá qué responsabilidades hay".
Nuevo CJ
Se espera que durante este mes se conforme el nuevo alto mando del Ejército y que la Presidenta Michelle Bachelet designe al nuevo comandante en jefe, que sucederá al general Humberto Oviedo.
En ese sentido, diputados de la Comisión de Defensa pidieron que se extremen los chequeos previos, para que la futura autoridad no se vea vista implicada en situaciones judiciales. Además del caso de Fuente-Alba, el también ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre declaró en una causa de dos presuntos apremios ilegítimos ocurridos en 1973 y se encuentra procesado, en calidad de cómplice, por 15 homicidios por el episodio La Serena de la Caravana de la Muerte.
El diputado UDI Jorge Ulloa señaló que "siempre se examinan los antecedentes de los cinco generales que constituyen las mayores antigüedades, (pero) sin duda que la rigurosidad del examen debiera ser mayor".
Su par Guillermo Ceroni (PPD) aseguró que "como cualquier nombramiento a personas que tengan cargos de responsabilidad, lo razonable es que se haga una investigación exhaustiva por los organismos competentes, para tener la total tranquilidad de que no hay vinculación con situaciones de DD.HH. o transparencia".
El DC Jaime Pilowsky, quien también ha integrado esta instancia, opinó que "la Comandancia en Jefe del Ejército es un cargo muy relevante. Para su designación no sólo basta analizar el currículo. Se requiere una investigación exhaustiva".
