A fines de agosto de 2017, el ex diputado de Renovación Nacional Alberto Cardemil llegó a un acuerdo con la fiscalía, correspondiente al pago de 10 millones de pesos para la suspensión del proceso que en ese entonces tenía en su contra, por delitos tributarios, en el marco del caso Penta.
Este hecho fue considerado por muchos como el primer indicio del rumbo que tomarían más adelante los distintos casos que se encuentran vinculados con el financiamiento irregular de campañas políticas.
Una sensación que comenzó a profundizarse este lunes, luego de que el senador UDI Iván Moreira alcanzó un entendimiento con el fiscal Manuel Guerra, quien solicitó la suspensión condicional del procedimiento en contra del parlamentario, también investigado por presuntos delitos tributarios por el caso Penta. Ambas partes acordaron el pago del monto de $ 35 millones al Fisco, misma cifra de la totalidad del monto de las boletas ideológicamente falsas que emitieron colaboradores de Moreira años atrás.
Con motivo de este acuerdo es que ayer decidieron renunciar los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, reflotando la duda respecto del futuro de estas causas.
De hecho, ambos episodios han sido monitoreados con atención por las defensas de otros políticos que se encuentran hoy formalizados por los caso Penta y SQM.
Uno de ellos, el abogado defensor del ex candidato presidencial UDI Laurence Golborne, Sergio Rodríguez.
Según el jurista, el fallo en torno al caso de Iván Moreira, "evidentemente es un antecedente que ya empezó en su momento con el ex diputado Cardemil. Por lo tanto, la situación del senador viene a reiterar la decisión que tomó el fiscal Guerra".
Del mismo modo, el abogado fue crítico con la decisión de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes dimitieron a sus cargos. "¿Por qué renunciaron los fiscales? Porque el fiscal Guerra fue mucho más realista que ellos. La tesis que ellos persiguieron durante tres años, en definitiva, no constituía delito. Hubo una mayoría absoluta en la escala penal que determinó que las sospechas de los fiscales no constituían delito", y agregó, además, que "claramente no hay que mirar la renuncia de los fiscales como lo que determina el resultado de las causas, sino por qué ellos renunciaron. Y lo hicieron porque la Corte Suprema no apoyó su tesis y, claro, hoy les resulta mucho más fácil aparecer como víctimas que como alguien que se equivocó".
Del mismo modo, el senador -que hoy se encuentra formalizado por el caso SQM- Fulvio Rossi sostuvo, en relación a la salida judicial de Moreira, que "esto indica que de acuerdo a la legislación vigente, todas las imputaciones no constituyen delito", y añadió que "hay mucho juego mediático, pero el estado de derecho funciona con la ley que existe, y hay situaciones que no constituyen delito de acuerdo a la ley, y así lo ha refrendado la Corte Suprema".
Este diario también trató de contactarse con las defensas del senador Jorge Pizarro (DC) y del ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett (UDI), quienes optaron por no responder.
Sin embargo, cercanos a ambas defensas indican que pese a que el acuerdo tomado por el fiscal Manuel Guerra con Moreira es una "señal", el emitir cualquier pronunciamiento en torno al tema puede ser "perjudicial" para conseguir futuros entendimientos con la fiscalía. De esta manera, esperarán hasta el próximo 30 de enero -cuando se lleve a cabo la audiencia de Moreira- antes de emitir cualquier declaración.
