En el segundo día de audiencia, donde se discute la reapertura de la investigación del caso Tsunami, la defensa de la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, pidió incorporar tres nuevas diligencias, que a su juicio son trascendentales para demostrar la inocencia de la imputada, en la fallida alerta de maremoto del 27 de febrero de 2010.

Una de las diligencias solicitadas por el abogado Luciano Fouillioux, es que la Contraloría emita un pronunciamiento sobre la existencia, vigencia y legalidad del llamado "Plan Nacional de Emergencia".

El defensor plantea la inexistencia de dicho plan, "que según la fiscalía ha sido infringido por nuestra representada, en circunstancia que ese plan no existe, ya hay un documento que lo acredita, pero estamos pidiendo que la Contraloría lo sancione en ese sentido".

Fouillioux además pidió la declaración de Pedro Salamanca, ex jefe de Relaciones Institucionales de la Onemi.

Como tercera diligencia, el abogado pidió que se oficie a Carabineros para que informe sobre la dotación de servicio la noche del 27/F en las comunas de Talcahuano, Tomé, Dichato, y Arauco, con individualización completa de los funcionarios y la indicación del paradero de cada uno de ellos.

"Ellos están en condiciones de decir cuál es el contexto, cómo se hicieron las cosas, cómo se comportó la población civil, qué ordenes recibieron, si alguien recibió una orden de evacuación o si les rechazaron la evacuación, por cuanto se canceló la alerta de tsunami. Tienen mucho que aportar y no se quiere tomar declaración por parte del ministerio público, lo que nos llama profundamente la atención porque no le hace bien al fondo de la investigación", dijo el abogado de Fernández.

Fouillioux insistió que la investigación nunca debió ser llevada a los tribunales de justicia penal, y agregó que "si hubo fallas por parte del aparato del Estado que sea otra sede la que repare, pero no penal. Aquí nadie ha querido actuar dolosa ni culposamente ni ha querido permitir la muerte por vía del ahogamiento de personas".