"Lo más preocupante no es la cantidad, sino que esta situación se produce especialmente en grupos que se consideran vulnerables, como extranjeros, adolescentes y de pueblos originarios, quienes requieren de más ayuda y atención de nuestra parte", comentó el defensor nacional Georgy Schubert, con respecto de uno de los ítems contenidos en el informe estadístico 2012 de esta repartición.
El acápite referido por la autoridad es el número de detenciones que fueron declaradas ilegales por parte de los jueces de garantía, y que durante el año pasado alcanzó los 2 mil 892 casos, que implican un aumento de 139,6% con respecto de 2010 (1.207) y de 35,5% en relación con 2011 (2. 134).
Tal como refirió Schubert, estas situaciones representan una pequeña parte del total de imputados asistidos por la Defensoría Penal Pública (DPP) durante el año pasado (361 mil), pero dentro de los cuales efectivamente tuvieron especial incidencia las personas de pueblos originarios (23,7%), adolescentes (17,1%) y extranjeros (13,5%).
Sobre la génesis de estas detenciones ilegales, el defensor nacional estimó que "no se asocian a ningún delito específico, sino más bien a la discusión legal que se genera en las audiencias sobre si el infractor fue aprehendido con una orden judicial o bajo flagrancia".
Otro punto que resalta del compendio de DPP tiene que ver con los delitos que más cometieron sus representados. Entre ellos primaron las lesiones (21,3%), los atentados contra la libertad e intimidad de las personas (12,9%) y los hurtos (11,9%).
En términos de condenas, las causas vistas por la DPP que terminaron con una sanción inferior a la solicitada por el Ministerio Público representaron el 63%, porcentaje similar al obtenido duante el 2011 (61,2%).
En el informe también destaca la cifra relativa a las personas que estuvieron en prisión preventiva más de 15 días, pero que finalmente fueron halladas inocentes por los tribunales orales. De 518 casos registrados en 2011 (3,4% del total), este indicador se elevó el año pasado a a 746 imputados.
"Se trata de un tema que nos preocupa, porque un porcentaje de esos casos no se debió a la normal evolución legal del proceso, donde muchas veces las pruebas en la etapa de condena tienen estándares más altos y específicos que en la formalización. Hay ocasiones en que simplemente se debió a errores técnicos de procedimiento", sostuvo Schubert.
Lo que valoró especialmente el defensor nacional fueron las 5 mil 636 personas de pueblos originarios asistidas por la DPP, 70,6% de las cuales eran mapuches. "Hay una mayor cantidad de chilenos que se declaran pertenecientes a otras etnias y que aceptan que los representemos, lo que habla de una mayor confianza tanto en nosotros como en todo el sistema penal. Creo que se trata de una señal cultural muy positiva", manifestó.
Para Lucía Dammert, experta en temas de seguridad y académica de la Universidad de Santiago, "el alza sostenida de las detenciones ilegales requiere de una revisión profunda. No es un problema generalizado, pero podemos estar frente a una mayor acuciosidad de los jueces, o bien ante un aumento de los incentivos para detener personas como un sinónimo de éxito en la labor policial, lo que no necesariamente es positivo. Habrá que darle una vuelta".
Asimismo, el académico Carlos Cuevas, de la Universidad Bernardo O'Higgins, sostuvo que "llama poderosamente la atención la mayor cercanía evidenciada por los pueblos originarios, lo que es una señal muy potente en favor del sistema".
