La Asociación Nacional de la Prensa organizó el primer debate presidencial en que participaron los ocho candidatos inscritos para las elecciones de noviembre -próximamente tendrán lugar el de la Asociación de Radiodifusores, y el de la Asociación Nacional de Televisión-, iniciativa que resulta especialmente valorable en la medida que permite fomentar la discusión informada y contrastar los distintos puntos de vista en juego.

Este primer debate permitió apreciar las profundas diferencias que existen entre las diversas candidaturas, tanto en los diagnósticos de los problemas como de las soluciones propuestas, lo que es una muestra de que estamos enfrentando la elección más polarizada desde el retorno de la democracia.

Es evidente que, al tratarse de ocho candidatos, la posibilidad de tener una interacción mayor entre ellos como asimismo indagar con más detalle en sus respectivas propuestas se hace especialmente difícil, lo que probablemente es resentido por la audiencia. En atención a la importancia de profundizar en los planteamientos y permitir despejar las inquietudes de los electores, parece necesario evaluar fórmulas que permitan un debate final entre aquellos candidatos con mayores posibilidades electorales, porque de esa forma se permitiría extraer el máximo potencial de los debates. Aun cuando éstos también juegan el rol de visibilizar las candidaturas, su principal propósito es informar a la ciudadanía, por lo que el aspecto propiamente publicitario debería quedar reservado a la franja electoral.

La ciudadanía ha manifestado reiteradamente que sus principales preocupaciones son la educación, salud y delincuencia, agregándose el crecimiento económico, el cual se ha visto fuertemente resentido a raíz del proyecto refundacional de estos años. Sorprende que, restando tan poco tiempo para las elecciones, la mayoría de las candidaturas no parece haber internalizado la necesidad de volver a restaurar los motores del crecimiento. Para ello no basta hablar de alianzas "público-privada", o depositar en el Estado el rol de planificador para que sean los privados quienes inviertan. En cambio, resulta esencial la estabilidad jurídica y permitir que las fuerzas de la iniciativa privada se desplieguen con todo su potencial. Para ello se hace necesario corregir profundamente la reforma laboral, y volver a un sistema tributario que fomente la inversión.

Lamentablemente, sobre estos dos aspectos hubo escasas referencias.

En cambio, varias de las candidaturas insistieron en la necesidad de una nueva Constitución y recurrir al mecanismo de la asamblea constituyente para dictar este nuevo ordenamiento. Se insiste así en una idea que resulta lejana para buena parte de la ciudadanía y que profundiza el clima de incertidumbre. Pero fue en el caso de la violencia que afecta a La Araucanía donde se pudieron observar profundas discrepancias, con candidaturas que por razones ideológicas insisten en que no aplicarán la Ley Antiterrorista.

Cabe esperar que en las próximas instancias de debate los candidatos se centren en explicar sus propuestas para los temas que más preocupación despiertan en la ciudadanía, con detalles respecto de su financiamiento, y se asuman compromisos concretos, como por ejemplo creación de empleos o qué carga tributaria le espera a empresas y personas.