En cerca de 30 días, desde que se formalizó la investigación a la presunta red de explotación sexual infantil, la Fiscalía Sur ha llevado a cabo juicios abreviados a tres de los imputados de esta causa: dos clientes y la secretaria de uno de los prostíbulos.
Al reconocimiento de culpabilidad que hizo el 11 de diciembre pasado el caricaturista Guido Vallejos (83), el viernes pasado -10 días después- fue el turno del empresario Enrique Manzur Manzur (78), quien enfrentó cargos por obtención de servicios sexuales de menores de edad.
Luego de reconocer en audiencia su participación en los hechos investigados, fue condenado a cuatro años y el 11° Juzgado de Garantía de Santiago le concedió el beneficio de la libertad vigilada. Igual suerte corrió ese día Ana Rosales Pinto (49), una de las secretarias que trabajó en uno de los prostíbulos de la supuesta red.
"En ambos casos, los informes presentenciales de Gendarmería daban cuenta de que los imputados, de ser condenados, podían acceder a un beneficio", dijo el fiscal Marcelo Apablaza.
El investigador explicó que se analizó la situación de Manzur, quien estaba en un escenario judicial similar al de Guido Vallejos. Ambos asistían a los recintos a ver bailar a las menores.
En el caso de Rosales, la Fiscalía Sur decidió llevarla a juicio abreviado, pues se estableció que trabajó en los prostíbulos sólo por un lapso de 20 días y en la evidencia recopilada aparecía en un contacto telefónico sospechoso con una de las jóvenes, lo que la exculpaba de la facilitación o promoción habitual de la prostitución infantil.
Prisión preventiva
Ayer, en tanto, se revisó la prisión preventiva de otros dos imputados por obtención de servicios sexuales de menores de edad. Se trata de Jaime Román y Gastón Ramírez, ambos -según la Fiscalía Sur- eran clientes habituales de las tres menores de edad que aparecen como víctimas en esta investigación penal.
El fiscal Cristián Suárez se opuso a la sustitución de la prisión de ambos por la medida cautelar de arresto domiciliario.
En este sentido recordó las pruebas que supuestamente vinculan a ambos imputados. Citó escuchas telefónicas que existen con Román -ex productor de TVN- y una de las regentas a quien -según el Ministerio Público- le solicitan expresamente menores de edad.
La jueza rechazó cambiar el régimen de ambos imputados y expresó en relación a los investigados que al menos "cualquier hombre medio podría cuestionarse ¿Esta niñita, que tiene apariencia de niñita, será niñita?". Agregó que "su libertad no sólo constituye un peligro para la sociedad, sino además debe ser reconducida como un peligro de fuga".