La semana pasada, los controladores del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, formalizados y acusados por delitos tributarios asociados al financiamiento irregular de actividades políticas, prestaron un nuevo testimonio en la causa.

¿La razón? El abogado de ambos empresarios, Julián López, había solicitado que se les tomara declaración para entregar su versión respecto de un presunto acuerdo no cumplido por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena para acceder a un procedimiento abreviado y evitar así un juicio oral.

El defensor de los controladores ha sostenido públicamente que sus clientes colaboraron en la causa, renunciando a su derecho a guardar silencio y entregando una primera declaración en la causa que incluso resultó autoincriminatoria -pues revelaron haber cometido delitos tributarios a través de contratos de futuro-, con el objetivo de acceder a una atenuante consagrada en el artículo 11, inciso 9, del Código Penal.

Ese testimonio, sostiene López, se llevó a cabo pensando en llegar a un procedimiento abreviado y también en evitar que se solicitara prisión preventiva como medida cautelar contra los empresarios al momento de su formalización. Por lo mismo, ahora dicen que Gajardo no cumplió con el acuerdo, pese a haber recibido la colaboración de los empresarios.

Según conocedores del caso, en esa línea fue la declaración que tanto Délano como Lavín entregaron ante el fiscal Manuel Guerra el miércoles y jueves de la semana pasada. Detallan, incluso, que ambos afirmaron haber sido engañados por los fiscales del caso Penta, insistiendo en que esos testimonios iniciales fueron prestados en virtud de un acuerdo.

En los próximos días será el turno de los fiscales Gajardo y Norambuena, quienes, por orden judicial, también deberán comparecer ante Guerra para entregar sus versiones sobre el presunto acuerdo.

Según han señalado los fiscales en diversas audiencias, los controladores de Penta, efectivamente, prestaron una declaración con miras a un posible acuerdo, pero no "sustanciosa", como exige la ley para ser reconocida como atenuante. Esto, porque en vez de revelar los casi 100 contratos a futuro realizados, los empresarios solo afirmaron haber celebrado cuatro.

La fiscalía ha sostenido que la apuesta de la defensa busca inhabilitar a los persecutores en el juicio oral. Esto, en relación a que si son citados como testigos, no podrían ser fiscales de la causa. A su vez, López ha sostenido que lo único que se busca es invalidar las declaraciones prestadas de los controladores, para que sean excluidas como pruebas en el juicio. El abogado ha dicho que la interpretación de los fiscales es solo una conjetura de ellos, ya que no han sido solicitados como testigos del juicio.