El jueves 23, a última hora, el contralor Jorge Bermúdez remitió al Ministerio Público una serie de carpetas con antecedentes de hechos que "podrían revertir caracteres de delito, cometidos presumiblemente por los funcionarios públicos que en ellas se individualizan", según se lee en un oficio recepcionado por la Fiscalía.

La acción la reveló ayer el propio Contralor en una entrevista en Reportajes donde, además, esbozó las irregularidades encontradas tras una masiva fiscalización a 320 servicios públicos.

"Descubrimos situaciones tan anómalas como cónyuges de funcionarios con grandes patrimonios (...) Pero lo peor que detectamos es que sociedades familiares de esos jefes son contratadas por el mismo servicio público en que éstos trabajan", dijo Bermúdez.

Según fuentes conocedoras del oficio, la denuncia apunta a los jefes de servicios -específicamente del área de adminsitración de finanzas- de un hospital regional y dos gobernaciones regionales (que no fueron especificados), la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Ministerio de Obras Públicas.

La investigación del órgano fiscalizador se activó tras el fraude de Carabineros detectado hace unas semanas y se centró en una muestra aleatoria de entidades públicas que manejan altos montos de dinero al año.

Fue el propio contralor quien aclaró que las auditorías se realizaron durante dos semanas contrastando las declaraciones de intereses de algunos funcionarios con la información que maneja el Estado.

De acuerdo a la última Ley de Presupuesto, el MOP maneja casi mil 600 millones de pesos al año. Por su parte, la Subdere llegaría a los mil millones en el mismo período.

Hoy el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, participará de la ceremonia de aniversario de los 90 años de la Contraloría. Según fuentes del Ministerio Público, Abbott designará a un fiscal regional para que investigue las irregularidades y, por juridicción, esa labor recaería en el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes.

"Esta es una situación que tiene visos de eventual delito de negociación incompatible, lo mínimo que podemos hacer es darle esos antecedentes al Ministerio Público para que a través de sus facultades intrusivas ellos puedan investigar", enfatizó el Contralor en la entrevista a Reportajes.

Respaldo transversal

La revelación entregada por Bermúdez sorprendió al gobierno, donde no estaban al tanto de la denuncia del Contralor.

Sólo una vez que se designe al fiscal a cargo del caso, comenzarán las diligencias que expondrá los nombres de los servicios involucrados.

Durante la jornada de ayer, la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, recordó que "este gobierno fue el que impulsó la ley de probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés. Y si hay situaciones irregulares que se detecten éstas deben ser denunciadas", además, agregó que se debe avanzar en transparencia y que para ello "la labor de Contraloría es fundamental".

Desde la oposición, el jefe de bancada de diputados UDI, Felipe Ward, consignó que "esperamos que no sólo actúe la justicia, sino que, también el poder político. Hay responsabilidad política por las autoridades que han sido nominadas por este gobierno. No descartaría que este patrón de conducta o modus operandi exista en las empresas públicas".

En la misma línea, el jefe de bancada de los diputados de RN, Leopoldo Pérez, advirtió que van a monitorear lo que ocurra en la investigación y no descartó medidas de fiscalización de los parlamentarios.

"Vamos a seguir muy de cerca el acontecer de los cinco casos para ver si existe el espacio por parte de los parlamentarios, a través de mociones, para ir aportando al tema", dijo Pérez.

Desde el oficialismo, el presidente del Partido Radical (PR), Ernesto Velasco, respaldó que "si hay conocimiento de un eventual delito se deben poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público" y afirmó que "no se puede tolerar ninguna situación incorrecta en ninguna repartición pública".

De la misma forma, desde el PPD, el timonel de la colectividad, Gonzalo Navarrete, agregó que "es rol de la Contraloría determinar si es falta o delito y yo diría que alguien está haciendo su trabajo" y que claramente los "casos de corrupción militar y en Carabineros no puede ser otra cosa que una señal de alerta".

La presidenciable de la DC y líder de la tienda, Carolina Goic, sostuvo que "gran parte del ambiente de desconfianza que se vive en el país es debido a los casos de corrupción que se han dado tanto en el ámbito público como privado (…) me parece grave la situación que denuncia el Contralor, por cuanto se refiere a organismos públicos".