A tres días de que el Presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, le otorgara el indulto a Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, se han presentado una serie de denuncias sobre supuestas irregularidades del proceso de perdón, por parte de organismos internacionales, congresistas y ex procuradores.

En una conferencia de prensa, los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), centraron sus esperanzas en acciones que presentarán ante la justicia limeña y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fujimori fue condenado en 2007 por esas masacres, en las que murieron 25 personas, entre ellas un niño de ocho años.

El congresista de Nuevo Perú (izquierda), Richard Arce, afirmó que su bancada está reuniendo información para presentar un pedido de interpelación contra la premier, Mercedes Aráoz, y una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo. Esto porque el jueves pasado, cuando se realizaba el debate sobre la vacancia presidencial, Aráoz comunicó que "los indultos no se negocian", e indicó que un supuesto informe médico sobre Fujimori que circulaba en redes no había llegado al Ejecutivo.

"Ese día cruzamos algunas palabras con Mercedes Aráoz y nos dijo que no tenía ninguna referencia, y ahora vemos cómo se llevó a cabo todo. Si ella ahora dice que la sorprendieron, entonces debe explicarlo y aclarar lo que ha sucedido", afirmó Arce a Perú.21.

Aráoz compareció hoy ante los medios y leyó un pronunciamiento en el que aseguró que, pese al "aparente silencio" del gabinete, sus integrantes han seguido trabajando. Respecto al indulto, sostuvo que no fue una decisión repentina, pues Kuczynski ha estado evaluando la salud de Fujimori en los últimos meses, tal como lo había manifestado.

Se espera que el ex mandatario salga pronto de la UCI. Su médico personal, Alejandro Aguinaga, informó que no hay fecha definida para el alta.

El Colegio Médico de Perú informó que realizarán una investigación del contenido del informe emitido por la junta evaluadora de Fujimori. Además, recalcaron que el ente no tiene participación en la designación de las juntas médicas de evaluación de salud de personas privadas de libertad, como el caso del ex Presidente (1990-2000).

Según el diario La República, las organizaciones de defensa de DD.HH. revisarán tanto el indulto (por las condenas por La Cantuta y Barrios Altos) como el derecho de gracia otorgado por PPK a Fujimori. Esto último tiene que ver con la matanza de seis campesinos de Pativilca, en 1992. Algunos abogados señalan que ese caso infringe la Constitución, ya que no se han cumplido los plazos establecidos en la investigación para ejercer el derecho a gracia.

Al mismo tiempo, los familiares de las víctimas enviaron a PPK un recurso de nulidad del indulto y derecho de gracia, argumentando que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional refiere que la gracia presidencial no puede ser arbitraria y está sujeta al control constitucional, así como la ausencia de una debida motivación.

A nivel internacional, el ex procurador Antonio Maldonado, señaló hoy a Ideele Radio, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede anular el indulto a Fujimori pues "contraviene la Convención Americana" y va en contra de la misma sentencia del organismo en el caso de la matanza en Barrios Altos.

"Hay una flagrante vulneración de PPK a este punto de la sentencia, por tanto, creo que hay un espacio muy amplio, y es correcto lo que han hecho las víctimas y sus abogados, de plantear la intervención de la Corte, porque un examen de los hechos va a determinar que este es un indulto fraudulento", indicó Maldonado.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch ha dicho que apenas se conoció el indulto, que "en lugar de reafirmar que en un estado de derecho no cabe un trato especial a nadie, quedará para siempre la idea que su liberación fue una vulgar negociación política a cambio de la permanencia de PPK en el poder".

En el plano político la polémica decisión de Kuczynski también ha tenido coletazos. Hoy renunció el ministro de Cultura, Salvador del Solar, que se sumó al del Interior, Carlos Basombrío, que dimitió por el caos que ha generado el caso Odebrecht. También dio un paso al costado el asesor presidencial Máximo San Román.

A esto se suma, la crisis al interior del fujimorismo. Kenji acusó a Pier Figari y Ana Herz de Vega, asesores de su hermana Keiko, de conspirar contra la libertad de su padre.