Una tercera parte de países del mundo aplican la pena de muerte, aunque el 90 por ciento de las ejecuciones se concentran en China, Arabia Saudita, Estados Unidos, Irán y Pakistán, afirmó hoy un grupo de activistas en favor de la abolición universal de esa sanción.

Esta denuncia coincide con la celebración, mañana, de la Séptima Jornada Mundial contra la Pena de Muerte, que este año destaca la importancia de la educación, la información y, en general, la sensibilización de la opinión pública en la lucha contra la pena capital.

En este contexto, las autoridades suizas y varias organizaciones comprometidas con esa causa anunciaron hoy la celebración del cuarto congreso mundial sobre esta temática, que se celebrará en febrero próximo en Ginebra.

Esa reunión, que reúne cada tres años a las principales fuerzas abolicionistas del mundo, permitirá hacer un balance de la pena capital, a la que han renunciado cerca del 70 por ciento de países, aunque muchos se han reservado la posibilidad de volver a instaurarla.

A ese respecto, la representante de la ONG "Juntos contra la Pena de Muerte", Marie Françoise Santarelli, explicó que de más de 200 Estados, sólo 72 han ratificado un protocolo anexo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que es el único que garantiza una abolición irreversible de la pena de muerte.

Asimismo, reveló que las situaciones más preocupantes se registran en Irán, "con la lapidación de mujeres y ejecución de homosexuales", así como en países donde existía una moratoria "de facto" de la pena capital, pero han surgido fuertes presiones para volver a aplicarla.

Ese es el caso, según los expertos, de México y Jamaica.

Santarelli consideró que en China "la situación parece haber mejorado en algo", particularmente después de que se dispuso que la Corte Suprema debía validar todas las ejecuciones.

No obstante, la activista anotó que el problema para evaluar la situación en China es que "no contamos con datos fiables".

Mencionó que en los países del Magreb, particularmente en Marruecos, Túnez y Argelia, se siguen dictando sentencias de pena de muerte, pero no se ejecutan desde hace tiempo.

Sobre Estados Unidos, Joaquín José Martínez estadounidense de origen español que estuvo tres años en "el corredor de la muerte" de una prisión de EEUU opinó que "hay un cambio de actitud" que puede hacer posible desterrar algún día la pena capital.

Reconoció que antes de ser juzgado y sentenciado a muerte, él mismo era un ferviente defensor de la pena capital por considerar un medio efectivo para prevenir la criminalidad  y muy crítico de las organizaciones que luchaban en contra.

Sin embargo, dijo que su experiencia que incluyó la convivencia y el diálogo con cientos de sentenciados que como él pasaron por el "corredor de la muerte" le permite ahora afirmar que ni siquiera una sanción tan extrema evita un crimen.

"La educación que recibí en Estados Unidos me hacía pensar que la pena de muerte minimizaba los delitos y que la gente inocente nunca iba al corredor de la muerte, pero eso no es cierto", dijo.

Sostuvo que desde que salió de la antesala de su ejecución, en 2001, más de 130 detenidos del "corredor de la muerte" han sido liberados.

Finalmente, confió en que el Presidente de EEUU, Barack Obama, cumpla un papel importante no sólo en eliminar la pena de muerte, sino en erradicar el racismo vinculado a ella.

Ese racismo, que afecta principalmente a la población negra e hispana, "es obvio si se analizan las cifras" (de sentenciados), señaló.

La enfermera búlgara Snejana Dimitrova, quien con otras colegas fue condenada a muerte en Libia y pasó más de ocho años en prisiones de ese país, debía participar en el mismo evento que Martínez, pero finalmente no acudió debido a una emergencia en el vuelo que la trasladaba a Ginebra.