Son cerca de 2.500 los extranjeros que cumplen condenas en las cárceles chilenas y que son discriminados en el momento de querer acceder a beneficios, según un estudio presentado hoy por la organización no gubernamental Activa, ONG que trabaja en el área de los derechos humanos.
La principal conclusión del estudio es que existe una diferencia entre los beneficios a que acceden los extranjeros respecto de los que reciben los reclusos chilenos cuando cumplen ciertos requisitos, como tiempo cumplido de la pena o buena conducta, destacó en una rueda de prensa Gloria Requena, directora de la ONG.
También para obtener un empleo se les exige tener un domicilio, añadió Requena, que en ese contexto llamó a las autoridades "a revisar los requisitos para acceder a la libertad vigilada y remisión condicional de la condena".
Remarcó además que el apoyo de la familia es fundamental para la reinserción de un recluso, pero el preso extranjero no tiene esta posibilidad ya que sus familiares se encuentran fuera del país.
Según la directora de Activa, los presos extranjeros son marginados, y no existe actualmente una política gubernamental que apoye a este sector de la población penal chilena, que suma en total unas 56.000 personas.
De ese total, alrededor de un cinco por ciento son extranjeros, según datos de la ONG, mayoritariamente hombres (79%) y de nacionalidad boliviana (47%), peruana (34%) y argentina (7,0%), en ese orden.
Los principales delitos cometidos por los extranjeros en Chile corresponden a narcotráfico y actos contra la propiedad (robos), mientras se dan casos de personas que están presas por carecer de recursos para pagar multas por faltas menores.
