Una disminución de las denuncias por el delito de aborto en todas sus formas, entre 2010 y 2016, revelan los datos entregados por la Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Ley de Transparencia.
De acuerdo a la información, en 2010 se recibieron un total de 26 denuncias; 14 de ellas por el delito de aborto consentido, ocho sin consentimiento y cuatro donde hay médicos involucrados.
Mientras, en 2016, estos reportes se redujeron a 14 y, de ellas, 10 fueron por aborto consentido, tres sin consentimiento y sólo una en la que está acusado un profesional de salud.
Al respecto, Claudia Dides, directora de la Corporación Miles, afirma que "una razón detrás de esta baja es que se está denunciando menos en los hopitales. El segundo aspecto es que hoy se usa más el misoprostol, en forma segura, lo que hace bajar los abortos de riesgo y, en tercer lugar, se debe a que actualmente hay más grupos y organizaciones políticas mirando lo que ocurre con la criminalización de esta materia".
Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas, dice que "hoy es más masivo el uso de sustancias que provocan aborto sin necesidad de acudir a un centro asistencial, lo que baja la posibilidad de la denuncia".
El debate sobre el tema se ha mediatizado. Actualmente, el foco está en la Comisión de Salud del Senado, que debate el proyecto que despenaliza el aborto terapéutico en tres causales: riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal y en casos de embarazo por violación.
Al respecto, Román indica que "según las encuestas, más del 70% de la población apoya ese proyecto, por lo que culturalmente la mirada contraria ha cambiado, hoy existe una visión menos punitiva".
Sin embargo, Tomás Henríquez, director ejecutivo de Comunidad y Justicia, dice que "las denuncias que se hacen es por situaciones donde hay conocimiento de alguien que lo está haciendo médicamente, por medios que son ilegales en Chile. Que tengamos menos denuncias es reflejo de que los abortos suceden menos a menudo de lo que se supone".
El abogado de la organización Proyecto Esperanza, Jorge Reyes, en cambio, afirma que "la denuncia se produce cuando el aborto se complica y ha habido un cambio epidemiológico en cómo se hace el aborto. Desde hace unos años, es más consistente el aborto químico que el quirúrgico, y en este caso lo que ocurre es que muchas veces termina como una pérdida y no un problema intrahospitalario".
La normativa actual sanciona tanto a la mujer que causa su aborto como a la que consiente que otra persona lo provoque. Las penas que, en su mayoría no contemplan cárcel, van de tres años y un día a cinco años. Mientras, el aborto sin consentimiento contempla una pena de presidio menor en su grado máximo (hasta cinco años de cárcel), que puede aumentar si hubo uso de violencia. Finalmente, el aborto cometido por un médico tiene una pena de entre cinco y 15 años.
