Tras varias partidas en falso, y diversas postergaciones para presentar el proyecto de ley, el gobierno finalmente firmó hoy la iniciativa que moderniza la protección de datos personales, uno de los principales compromisos pendientes de Chile al sumarse a la OCDE. "El proyecto de ley que hoy estamos firmando busca ponernos al día con situaciones a las que están confrontados diariamente nuestros compatriotas", indicó la Presidenta Michelle Bachelet, flanqueada por los titulares de las carteras de Hacienda, Economía y Justicia.
La Mandataria explicó que el proyecto considera siete principios para normar el tratamiento de estos datos (ver cuadro), además de establecer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, que serán personales, intransferibles, irrenunciables y no podrán ser restringidos o limitados.
La iniciativa también considera la posibilidad de solicitar una copia de los datos personales propios (derecho de Portabilidad), además de regular la cesión de datos. Asimismo está la definición de "datos personales sensibles", como los relativos a menores de edad y de salud.
Para el caso del sector público, se detallan las condiciones en las cuales no se necesitará consentimiento del titular para tratar sus datos; por ejemplo, para cumplir obligaciones legales, para usos históricos, estadísticos o científicos o investigaciones de interés público. Las restricciones en este caso, se enmarcan en los datos penales o de infracciones civiles, administrativas o disciplinarias.
Falta de autonomía
En la oportunidad, se destacó la creación de la nueva Agencia de Protección de Datos Personales, que funcionará bajo el alero del Ministerio de Hacienda.
La nueva instancia se configuraría como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo director será nombrado por Alta Dirección Pública, según la propia cartera.
Al respecto, si bien desde distintos sectores valoraron y reconocieron el avance de la iniciativa sobre la protección de los datos privados, advirtieron que esperaban que la nueva institucionalidad fuera autónoma del gobierno, y no dependiente de un ministerio en particular.
En esta línea, el senador Hernán Larraín (UDI), advirtió que, pese a la necesidad de resguardar las cuentas fiscales, la agencia debería ser autónoma, trabajando coordinadamente con el
Consejo para la Transparencia. "Me hace ruido que la agencia esté liderada bajo la dirección de Hacienda, porque se corre el riesgo que la institución se vea influenciada por criterios políticos". Enfatizó además que "es un proyecto que se ha demorado más de lo conveniente, siendo que es un tema indispensable", detallando que "la tramitación, según se me informó, se había detenido por un problema de recursos".
De la misma manera se expresó el senador Felipe Harboe (PPD), quien señaló que "lo ideal habría sido una agencia autónoma, pero si se le dan facultades adecuadas me parece bien".
Las dudas también llegaron desde expertos del sector privado.
María José Arancibia, abogada y directora de la ONG Datos Protegidos, recalca que "efectivamente hubiese sido mejor que esta institucionalidad fuera independiente del ministerio de Hacienda. Es lo ideal, y así es en otras partes del mundo", poniendo como ejemplo la situación en España.
De todas formas, también reconoce que la iniciativa marca un avance, toda vez que "lo que estuvo alguna vez en tramitación nunca avanzó en el Congreso y al final no pasó nada. Ahora se viene una discusión bien interesante sobre todo en materia de recursos, donde Hacienda claramente tendrá algo que decir y jugará su rol".
Misma visión del vicepresidente ejecutivo de Retail Financiero, Claudio Ortiz, quien considera que la autonomía relativa que considera el proyecto de ley presentado por el gobierno es recién "el primer paso a la autonomía total, la que por razones presupuestarias no fue considerada desde el comienzo".
