Por segunda vez en la historia reciente de Francia, un ex mandatario tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados. Porque si en 2011 fue Jacques Chirac quien tuvo que enfrentar a la justicia por desvío de fondos públicos, ahora será el ex presidente Nicolas Sarkozy (2007-2012) quien se enfrente a la justicia gala. Sarkozy, de 62 años, será juzgado junto a otras 13 personas por presunto financiamiento ilegal de su campaña para las elecciones presidenciales de 2012.
Según la acusación, el ex Presidente habría gastado al menos 42,8 millones de euros para su campaña de reelección. Pero según la ley francesa, Sarkozy sólo tenía autorización de utilizar 22,5 millones de euros y ese delito, en ese país, es castigado con un año de prisión y 3.750 euros de multa. Sarkozy y su equipo tramaron una red de falsificación de facturas y documentos a través de la agencia de comunicación Bygmalion, nombre con el que titularon después el caso los medios locales, luego que en 2014 el semanario Le Point revelara las falsificaciones que derivaron en una investigación judicial. Según la acusación, Sarkozy fue alertado en dos ocasiones para que redujera su nivel de gastos, pero él decidió no hacerlo.
Y ni siquiera con el doble de gastos Sarkozy pudo asegurarse otro período más en el Elíseo: el entonces mandatario perdió en segunda vuelta frente a François Hollande.
El ex presidente, quien anunció su retiro de la política en noviembre pasado tras su fracaso en las primarias de derecha, aseguró que apelará al caso. Hasta el momento nadie lo ha implicado directamente con las facturas falsas, pero según la fiscalía, sus "instrucciones" para organizar más actos fueron "rigurosamente contrarias a los imperativos" de control de gastos de la campaña. El juicio de Sarkozy es un nuevo golpe para la derecha francesa, que no está pasando por su mejor momento. Cuando parecía que el actual candidato de Los Republicanos al Elíseo, François Fillon, tenía el camino despejado a la Presidencia, las revelaciones de un supuesto escándalo de corrupción hace tres semanas provocaron que el ex premier ahora no tenga ni siquiera asegurado su lugar en la segunda vuelta, cuando faltan menos de 80 días para los comicios.
Fillon, quien llegó a ser el favorito, se ha desplomado en los sondeos luego que el 25 de enero el semanario satírico Le Canard Enchainé revelara que su mujer, Penelope, recibió 800.000 euros por un supuesto "empleo ficticio" del que no se tiene registro, mientras su esposo era diputado. El semanario reveló además que dos de sus hijos cobraron 100.000 euros como asesores parlamentarios mientras aún eran estudiantes.
Se desconoce quién podría reemplazar a Fillon en el caso en que su candidatura se acabara. Algunos dirigentes han propuesto al ex primer ministro Alain Juppé, pero el actual alcalde de Burdeos ha descartado, en varias ocasiones, tomar el relevo. Entre las posibles caras nuevas se ha especulado con el ex ministro de Economía, François Baroin y el ex ministro de Sanidad, Xavier Bertrand.
Fillon lanzó el lunes un "contra ataque" para intentar recuperar fuerza en la campaña. El candidato conservador admitió en una conferencia de prensa que cometió "un error" al contratar miembros de su familia, aunque insistió en que no hizo nada fuera de la ley.
Fillon incluso publicará hoy una carta dirigida a todos los franceses, en un intento por recuperar su confianza. Pero según un sondeo publicado ayer, sólo un 26% de los encuestados cree que sus declaraciones fueron convincentes.
