Las siete instituciones que componen la Mesa Interinstitucional de Acceso de Migrantes a la Justicia Penal firmaron un compromiso para dar seguimiento a los instrumentos relacionados con los derechos del migrante y el fomento de la asistencia consular.
Luego de ocho meses de trabajo, la Fiscalía de Chile, el Ministerio de Justicia, la Defensoría Penal Pública, Cancillería, Carabineros de Chile, la PDI y el Instituto de Derechos Humanos consolidaron la traducción a cinco idiomas y tres lenguas originarias de los Derechos de las Víctimas y Detenidos y la creación de un acta de asistencia consular para extranjeros.
La ministra de Justicia, Patricia Pérez, valoró el trabajo coordinado de las diversas instituciones que participan y aseveró que esta iniciativa está alineada con el compromiso de avanzar en estas materias. "Un ejemplo de nuestra preocupación por el tema de los DD.HH. es la presentación del proyecto de ley que crea una Subsecretaría dedicada especialmente a estos temas, y que dependerá del Ministerio de Justicia. La iniciativa que hoy nos convoca, busca asegurar el acceso a la justicia penal por parte de los migrantes y dar cumplimiento a la obligación internacional que tenemos como Gobierno en esta materia. Todo extranjero tiene derecho a ser informado sobre la asistencia consular", aseguró.
Según el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, el convenio "va en el camino correcto de hacer el proceso penal más claro para los inmigrantes, que son un grupo vulnerable al encontrarse en un estado extranjero, muchas veces sin entender cuáles son sus derechos y deberes dentro del sistema penal. Traducirlo a varios idiomas y hacer un seguimiento de cómo funciona es un avance en la consolidación del estado de derecho y proceso penal", dijo.
Los productos fueron dados a conocer en el marco de la firma de este compromiso desarrollado en dependencias del Aeropuerto Internacional de Santiago, cuya ceremonia fue encabezada por el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán; la Ministra de Justicia, Patricia Pérez; el Defensor Nacional, Georgy Schubert; el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso Silva; el General Director de Carabineros, Gustavo González; el Director General de la PDI, Marcos Vásquez, y la Consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Carolina Carrera Ferrer.
PROYECTO DE ACCESO
El Proyecto sobre Acceso de Migrantes a la Justicia Penal nació de la necesidad del conjunto de instituciones que convergen en el sistema de justicia penal de mejorar las condiciones de los migrantes como grupo vulnerable. Con el fin de superar los diversos obstáculos a los cuales se ven enfrentados, fueron desarrollados diversos instrumentos cuyo objetivo es uniformar y facilitar la información proporcionada a extranjeros –víctimas o imputados- involucrados en el sistema de justicia criminal.
Sabas Chahuán, felicitó a las instituciones comprometidas y aseguró que dicho proyecto sitúa a Chile como uno de los países hemisféricos con más alto nivel de compromiso de acceso a la justicia de migrantes. "El proceso penal chileno, para alcanzar sus objetivos, debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes se confrontan con el sistema de justicia criminal, sean víctimas o detenidos extranjeros, quienes en su condición de grupos vulnerables, requieren ser especialmente protegidos", indicó.
El Defensor Nacional, Georgy Schubert, junto con valorar ésta iniciativa conjunta, señaló que para la Defensoría "éste trabajo se enmarca dentro de nuestro objetivo de contar con defensas especializadas para los diversos grupos vulnerables presentes en nuestro país, tal como nos obligan nuestros compromisos internacionales. La vulnerabilidad de verse sometido a una investigación penal cuando se está lejos del país de origen, exige esfuerzos en materia de traducciones e intérpretes para que el imputado extranjero no sólo conozca sus derechos y garantías sino todo el proceso que se lleva en su contra", enfatizó.
