Cada vez que una inmobiliaria quiere construir en una comuna debe ingresar su proyecto al municipio local para que sea revisado y finalmente se le otorgue el permiso para construir. Sin embargo, por distintos motivos, las empresas pueden arrepentirse de invertir y los municipios tienen que devolver los aranceles que los privados pagan por iniciar el proceso. En el caso de la comuna de Lo Barnechea se devuelve en promedio a los privados $ 20 millones al año por este concepto, cifra que subió a 140 millones el 2013. "Este año llevamos 17 millones y llegaremos probablemente a los 20, que es nuestro promedio. Sin embargo, a fines del 2013, devolvimos 140 millones, siete veces más que lo que estábamos acostumbrados", señaló el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara. "Hay un 10% de proyectos que este año no se van a ejecutar, porque los desarrolladores inmobiliarios los retiraron a fines del año pasado", explica el alcalde.

La ley señala que el ingreso de los proyectos es un servicio que presta la municipalidad. Consiste en la revisión de las carpetas para el otorgamiento de los permisos, pero si este se retira, la misma ley obliga a los municipios a regresar los dineros. Esta devolución es íntegra, por lo tanto, no considera los gastos en personal y recursos que se invierten en cada ingreso, antes de ser suspendidos por el mandante. "Desde luego que 140 millones de pesos menos a último minuto afecta, sobre todo cuando es fin de año. Es como si a una familia le quitan la plata el día 27 y ya no llegó a fin de mes. Es muy distinto si a mí me la quitan en marzo, porque tengo todo el año para ajustarme a ese déficit. Esa plata le llegó, la tiene en la caja y muchas veces está ocupada", sostiene Guevara.

Lo ocurrido en Lo Barnechea coincide con los datos entregados por la Cámara Chilena de la Construcción en relación a las solicitudes de permisos de construcción medidos en m². A junio del 2013, se experimentó una baja del 12,9% en este indicador, el que, a pesar de la desaceleración experimentada por el sector, acumuló un 18,8% de crecimiento a junio del presente año, a nivel país. Este aumento sería coherente con la mayor superficie autorizada este año para la edificación de viviendas y la no habitacional (industria, comercio y establecimientos financieros). En el caso de Las Condes, no se registraron devoluciones por este concepto, al igual que en Providencia, Ñuñoa y La Reina. En el caso de Vitacura, no fue posible acceder a la información.