El caso de Amaya Egaña, una ex concejal socialista de 53 años, que se sucidó poco antes que llegaran los ordenanzas judiciales para que desalojara su casa, es el rostro visible de la compleja situación financiera que golpea a España.
 
Desde que estalló la crisis económica y financiera, en 2008, unas 350.000 viviendas has sido desalojadas por disposición judicial debido a la imposibilidad de los propietarios, muchos de ellos desempleados, de seguir pagando la hipoteca mensual.

Amaya se lanzó desde la venta de su piso en el País Vasco (norte), cuando los encargados judiciales subían las escaleras de su piso para notificarla. "¿Por qué Amaya dejó de pagar las cuotas de una hipoteca de menos de 700 euros al mes hasta el punto de que se ordenase su desahucio? Su familia sigue sin explicárselo", apunta hoy el diario El País, dado que la situación de la mujer y su esposo, José Manuel Asensio, no era tan precaria.

"La pareja vivía en una casa del centro de Barakaldo que vendió para trasladarse al barrio de Urban-Galindo. Allí compró con un crédito de La Caixa un piso de tres habitaciones: 80 metros cuadrados más dos pequeñas terrazas. En un momento dado, Egaña dejó de pagar la hipoteca. La deuda se fue acumulando hasta que la entidad saca el piso a subasta en julio pasado. Nadie acude al comparendo y La Caixa pide el remate a su inmobiliaria Building Center. La deuda sumaba casi 214.000 euros. La inmobiliaria activó entonces el procedimiento del desahucio, al que el juzgado puso día y hora: 9 de noviembre; 9.15". "A ellos se les comunicó el desahucio", recalcan fuentes judiciales, citadas por el medio español.

El caso de Egaña, que se suma a otros dos suicidios en un mes, fue el detonante para que el Ejecutivo aprobara un decreto para frenar los desahucios que afectan a personas vulnerables.

Ese decreto permitirá la suspensión por dos años de los desajlojos de familias en casos extremos: las que tienen rentas bajas y que además se encuentran en alguno de estos casos: son numerosas, tienen dependientes a cargo, se encuentran desempleadas o son víctimas de la violencia.

La moratoria,  se aplicará a aquellas familias que tienen un ingreso anual de menos de 19.200 euros (unos 24.500 dólares). El gobierno de Mariano Rajoy acordó también la creación de un fondo para viviendas sociales que puedan ser arrendadas por aquellas familias que han perdido su viviendas de propiedad por sus deudas contraídas con los bancos.

Sin embargo, la medida ha sido calificada de insuficiente por los afectados. La vocera de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, aseguró que la medida pondrá "a la gente a competir para ver quién está más enfermo y quién es más desgraciado". De hecho, según el diario El País, Amaya y su esposo no hubieran podido acogerse a la nueva ley, por tener un perfil distinto a la media de afectados.

Ayer en otro caso, las imágenes mostraban la desesperación de  Gisela, una vecina del barrio de La Torre de Valencia, quien se abraza a otra vecina mientras esperaba la comisión judicial con una orden de embargo de su vivienda. Miembros de la Plataforma Stop Desahucios acudieron al inmueble para intentar paralizar la acción judicial.

El 25 de octubre, un hombre, José Luis  Domingo, fue hallado ahorcado en el sur de España cuando iba a ser desalojado  de su vivienda. Hoy un hombre de unos 50 años, se lanzó desde la ventana de su casa en Córdoba, Andalucía.