El rey Juan Carlos de España cuenta desde hoy con privilegios judiciales al entrar en vigor la ley aprobada por el Parlamento español tras la abdicación del monarca.
A partir de ahora, solo el Tribunal Supremo podrá juzgar al ex jefe del Estado en caso de tener que responder ante la Justicia si se interpone una denuncia o una querella contra él.
El aforamiento se extiende también a su esposa, la reina Sofía; a la reina Letizia, esposa de Felipe VI, y a la heredera de la Corona española, la princesa Leonor, primogénita de los nuevos monarcas.
La Constitución española otorga al jefe del Estado una inmunidad legal de la que gozó Juan Carlos durante sus 39 años de reinado. El pasado 19 de junio, cuando su hijo fue proclamado rey, volvió a convertirse en un ciudadano de a pie ante la Justicia.
El aforamiento se realizó por trámite de urgencia a través de una ley en tramitación que nada tiene que ver con este tema, lo que suscitó críticas hacia el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, que aprobó la nueva norma sin ningún apoyo en el Parlamento.
El Partido Socialista (PSOE), el más importante de la oposición en España, y los nacionalistas catalanes de CiU se abstuvieron en la votación parlamentaria, mientras que el resto de los grupos se posicionaron en contra.
