Este miércoles fue el primer día de la ex ministra de Justicia Javiera Blanco como consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), ente que representa los intereses del Fisco en los casos judiciales. La designación fue realizada por la Presidenta Michelle Bachelet y, según los estatutos de este organismo, Blanco estará en este cargo hasta que cumpla los 75 años.

De esta manera vuelve a ocupar un cargo en una repartición estatal. Ella dejó el puesto de ministra el pasado 19 de octubre, en el marco del tercer cambio de gabinete de la Presidenta.

El paso de Blanco por Justicia no fue fácil. Recibió diversas críticas por los errores del Registro Civil en la confección del padrón electoral, además de la crisis del Servicio Nacional de Menores (Sename) y la controversia por las abultadas pensiones de Gendarmería.

Justamente en esta última causa -cuyo caso emblemático fue Myriam Olate, que originalmente tuvo una jubilación sobre los $ 5,5 millones- el CDE presentó una querella "en contra de las personas que resulten responsables por la comisión del delito de fraude al Fisco". Si bien Blanco no ha declarado en esta investigación, la PDI sí realizó una diligencia que la tuvo como protagonista. Al día siguiente de dejar su cargo en el ministerio, se ordenó la incautación de su computador.

En esa jornada, la ex ministra no se encontraba en Santiago, sino que en Antofagasta. Cuando se enteró de esta orden judicial, acudió personalmente hasta las dependencias de la policía de esa ciudad para entregar el equipo.

La querella del organismo es definida por el comité penal. Además, algunos algunas causas judiciales también son analizadas por el comité de consejeros. Hasta el momento, aún no se define si Blanco integrará algunos de los cuatro comités que tiene el CDE: Penal, Civil, Tributario-Medioambiental y Contencioso Administrativo.

¿Debe inhabilitarse?

Su vinculación con el caso Pensiones es lo que, para algunos parlamentarios de oposición, podría generar cuestionamientos.

El diputado RN Gonzalo Fuenzalida indicó que Blanco "es una abogada con una gran trayectoria. Tengo la mejor opinión de su trabajo y profesionalismo. Pero, lamentablemente, hay puntos que son necesarios hacerse cargo. Primero, las inhabilidades que pueda tener ella como consejera, siendo que el CDE está involucrado en causas como Gendarmería, que se gatilló justamente cuando era ministra de Justicia".

Una postura más dura tuvo el diputado UDI Gustavo Hasbún, quien es querellante en el caso Pensiones. "Me parece gravísimo que la Presidenta haya nombrado de consejera a la ex ministra Blanco, especialmente porque es parte de la investigación de los falsos pensionados (...) vamos a solicitar formalmente a la Contraloría que determine si una persona que está siendo investigada y cuestionada puede ser parte del CDE".

A través de Twitter, el diputado y jefe de bancada de la DC, Fuad Chahin, señaló que "hay decisiones que simplemente son indefendibles". Consultado, confirmó que se refería a la designación de Blanco.

El senador PPD Felipe Harboe señaló que "me parece un nombramiento de lujo. Javiera Blanco es una abogada reconocida y si hay alguna causa en que ella deba inhabilitarse, no me queda ninguna duda que ella lo va a hacer".

Respecto del caso Pensiones, manifestó que "yo imagino que si se hará una discusión respecto del rol del Ministerio de Justicia en la asignación de las jubilaciones, obviamente va a tener que inhabilitarse. Pero no me cabe ninguna duda que tomará la decisión que corresponde".

El que también se refirió a esta situación fue el presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri, quien indicó que "los consejeros, en general, tienen inhabilidades como todos. No porque tenga alguna relación con algún caso no va a ser nombrada como consejera. Si tiene alguna inhabilidad o limitación, eso ya es un tema que tendrá que verlo ella".

En tanto, la Contraloría emitió un dictamen que estableció que "no corresponde" la contratación de funcionarios en Gendarmería por orden de Javiera Blanco. Esto en relación con que en enero del año pasado la ex ministra de Justicia solicitó a Tulio Arce concretar cuatro incorporaciones con contratos superiores a $ 3 millones. Estas personas deberán dejar su cargo en 15 días.