El proyecto de ley de nueva educación pública, también conocido como desmunicipalización, podría pasar a su último trámite legislativo la próxima semana, tras su aprobación en la Comisión de Hacienda del Senado.
Si los parlamentarios dan luz verde a la iniciativa, esta debería entrar en régimen en octubre de este año, para que ya en marzo de 2018, 237 establecimientos de los más de cinco mil colegios municipales que existen en Chile sean parte de la nueva estructura administrativa que estará en manos del Estado: los servicios locales.
Entre los sectores que serán los primeros en adoptar esta medida están Alto del Carmen, Freirina, Huasco y Vallenar, con 55 establecimientos. Le siguen Coquimbo y Andacollo, con 50 colegios; Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado, con 54, y Carahue, Nueva Imperial, Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén, con 78, según indican desde el Ministerio de Educación.
Una vez establecidos los primeros cuatro servicios locales, entre 2018 y 2020 se deberán instalar los siete restantes, antes del periodo de evaluación de 2021.
Dicha pausa corresponde a la instancia en que el consejo integrado por seis profesionales -designados por el Presidente de la República y presidido por el subsecretario de Educación- analizarán el trabajo realizado, según lo que indique la Agencia de Calidad de la Educación. Esta acción permitirá realizar ajustes pertinentes antes de continuar con la implementación de los 59 servicios pendientes durante la segunda etapa, fijada entre 2022 y 2025.
Trayecto
Desde un inicio, la discusión dentro de uno de los proyectos emblemáticos de la reforma educacional se centró en cómo se llevaría a cabo el traspaso de los establecimientos municipales a la red de 70 servicios locales. Aquella situación se destrabó luego de que la ministra de Educación, Adriana Delpiano, llegara a acuerdo con la oposición de realizar en dos etapas la transición hacia un nuevo sistema de educación pública, pensadas entre 2018 y 2025.
A ello se suma que podrán postergar su ingreso de traspaso aquellas corporaciones que cumplan con los requisitos de posicionar a sus recintos dentro del 30% de mejor desempeño a nivel nacional, no tener deudas previsionales impagas con profesores y/o asistentes técnicos dos años previos a la solicitud, además de que un 60% del total de sus colegios deberán presentar niveles altos de desempeño educativo.
